Los obispos españoles, que ayer concluyeron su asamblea plenaria, "podían haber dado un poco de oxígeno" al proceso de paz del País Vasco, según la expresión robada a uno de los prelados, pero han optado por no hacerlo. Por contra, las Orientaciones morales ante la situación actual de España , que el jueves aprobaron 63 de los 73 obispos reunidos, abogan solo por "adoptar alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia" si "hay una renuncia definitiva al terror como instrumento de presión". De no ser así, "nada de eso debe hacerse".

El documento, del que ayer se dieron a conocer algunos párrafos pero cuya redacción definitiva y completa no se hará pública hasta la próxima semana, resalta que "la justicia quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos con concesiones políticas que legitimaran el ejercicio del terror".

De esta forma, la jerarquía de la Iglesia católica da a entender que la concesión de gracias, como podrían ser los beneficios de orden penitenciario, no son admisibles mientras no haya garantías de que el proceso de pacificación es irreversible.

Fuentes eclesiásticas admitieron que unos pocos prelados estaban "dolidos" porque "no hay ninguna alusión" en clave generosa y esperanzadora sobre el proceso de paz, algo que habría sido especialmente bien recibido en las diócesis vascas.

BATASUNA Es más, en un resumen del documento distribuido ayer se insiste en que "es objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas, los que los apoyan, encubren o respaldan", definición en la que se puede hacer encajar a Batasuna.

Las orientaciones que, según el secretario general del episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, buscan "iluminar la acción de católicos y no católicos", mencionan otra cuestión que no vinculan con el terrorismo, pero que tampoco le es ajena: la necesidad de "respetar escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces" que, a juicio de los obispos, están amenazadas.

El texto señala que ambas han de "ser custodiadas" desde el mismo momento en que los profesionales son propuestos para cualquier órgano judicial. Esa formulación reivindica la erradicación de los nombramientos apadrinados por los partidos.

MEMORIA HISTORICA La instrucción lanza una severa advertencia asegurando que las medidas impulsadas por el Gobierno para recuperar la memoria histórica ponen en peligro el espíritu de la reconciliación que hizo posible la Constitución de 1978.

"Una utilización de la memoria histórica guiada por una mentalidad selectiva abre viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados", argumentan los obispos. Ello, insisten, "no puede considerarse como verdadero progreso social" sino como "un retroceso histórico y cívico".