El PNV hará todo lo posible para "eliminar al alcalde indigno" de Azpeita (Guipúzcoa), Iñaki Errazkin (ANV), quien "no ha sido capaz" de condenar el asesinato del empresario Iñaki Uria, afirma con rotundidad el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Josu Erkoreka.

Para ello, los nacionalistas vascos intentarán recabar los apoyos de Aralar y EA, que han roto el pacto de gobierno que tenían con ANV en Azpeitia después de que su alcalde no quisiera reprobar el atentado, y presentar una moción de censura.

Menos de 200 votos, recuerda Erkoreka en una entrevista con EFE, son los que separaban al PNV de la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2007 en este consistorio guipuzcoano y, por tanto, "no seremos nosotros quienes nos opongamos a cambiar el alcalde".

Hay ayuntamientos en el País Vasco gobernados por ANV, partido que el Tribunal Supremo ilegalizó el pasado 16 de septiembre por su apoyo político a ETA, que en función de los resultados obtenidos en esos comicios "se podría discutir" si deben seguir o no al frente de esos municipios, señala Erkoreka.

Sin embargo, en el caso de Azpeitia "está claro" que "no existe una adulteración de la voluntad popular" porque ANV fue la segunda fuerza más votada, después del PNV.

El portavoz parlamentario, que lamenta profundamente el asesinato de Uria, un hombre además muy próximo al PNV, afirma que, aunque era previsible que antes o después ETA atentara contra las personas que trabajan en el tren de alta velocidad en el País Vasco, después de haberlo hecho contra sus instalaciones, "no por anunciado, resulta más asumible".

Y lo han hecho "en las mismas condiciones ignominiosas de siempre" y han matado, subraya, a una persona trabajadora "involucrada en la prosperidad del País Vasco y de su ayuntamiento".

El portavoz del PNV en el Congreso fue precisamente quien acordó con el Gobierno en 2005 el acuerdo presupuestario que puso en marcha las obras de la "Y" vasca, un proyecto en el que "ahora, más que nunca", el PNV en Madrid, como promotor de éste, "sigue involucrado" al tratarse de una infraestructura que va a contribuir "al desarrollo y al progreso de los vascos".

Pese a la violencia que despliega ETA, Josu Erkoreka no es partidario, al igual que su partido, de cerrar todas las vías de representación política a la izquierda abertzale radical porque, en su opinión, "plantea problemas democráticos" al vulnerarse algunos derechos fundamentales.

"Siempre hemos sido partidarios -apunta- de que sea el pueblo, a través de las urnas, el que les diga cuál es el sitio que deben de tener" y si se decantan por estrategias irresponsables o antidemocráticas que sean los propios ciudadanos, "con su voto, los que le castiguen".

La Ley de Partidos, explica Erkoreka, permitía desarrollar una actividad política a aquellos que "exclusivamente tenían un compromiso político" en un partido o en un ayuntamiento y "perseguía sin paliativos" la expresión delictiva, aunque reconoce que, "muchas veces, vienen unidos en ese mundo".

Pero en un momento determinado, dice, "se decidió que todo era lo mismo, que todo era ETA y que todo era perseguible y nada podía ser legal".

Un planteamiento que, a su juicio, "genera problemas en el ámbito de la libertad de expresión, de la libertad ideológica y de asociación" e incluso se persigue a personas que "no se les descubre más delito que la de haber participado en Batasuna, de trabajar en un ayuntamiento bajo las siglas de Batasuna".

Sobre el futuro inmediato de los partidarios de estas opciones políticas radicales, Erkoreka cree que no podrán estar representados en las elecciones vascas de primavera porque el Gobierno, previsiblemente, les cortará todos los cauces para impedirles la entrada al Parlamento de Vitoria, donde actualmente el PCTV -también ilegalizado por el Supremo- tiene nueve diputados.

"¿Y ellos qué harán?; pues ellos tampoco permitirán que sus seguidores habituales voten a otras siglas", augura Erkoreka, "y harán probablemente una campaña de abstención porque es lo que mejor les permite controlar a sus votantes".

De momento, el Ejecutivo ya ha dado un paso más en la dirección de dejarles fuera de las instituciones al anunciar que va a promover las reformas legales necesarias para evitar que representantes de una formación ilegalizada, como ANV, puedan seguir gobernando en los ayuntamientos.