La policía ha abierto una nueva línea de investigación sobre los negocios de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín imputado por un juez de Palma de Mallorca por la presunta malversación de fondos públicos en la gestión de los 2,3 millones de euros recibidos por el Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que estuvo presidida por el duque de Palma. Según fuentes judiciales, se está siguiendo el rastro de un estudio realizado por Torres para el Villarreal Club de Fútbol por el que, según las pesquisas, se facturaría 690.000 euros. El informe consta de una decena de folios. Los agentes preguntaron al imputado sobre este documento y alegó que la retribución también era por el seguimiento del proyecto.
Entre tanto, el posible desvío de fondos públicos llegó ayer al Parlamento balear, donde el consejero de Presidencia, Antonio Gómez, aseguró que el Gobierno autonómico «defenderá los intereses de la comunidad donde sea y ante quien sea». A pregunta del diputado del PSM Antoni Alorda sobre las intenciones del Ejecutivo ante el proceso que instruye el juez José Castro, Gómez recordó que «el Govern está personado en todas las causas abiertas para defender los intereses de esta comunidad autónoma», aunque recordó que «existe un Estado de derecho» regido por «el imperio de la ley» y el respeto a «la presunción de inocencia».
