El Congreso de los Diputados vivió ayer ese debate que ocupa de tanto en tanto a la sociedad después de un crimen especialmente horrible o truculento: el de si las penas son severas o laxas, adecuadas o no a la realidad española. El Gobierno quiere endurecer el Código Penal, y con él tanto el PP y CiU, pero eso no significa que su reforma, que prevé sanciones más estrictas para corruptos, terroristas y pederastas, vaya a salir triunfante. Aquí se necesita mayoría absoluta porque la ley a modificar tiene rango orgánico, y tanto los conservadores como la federación nacionalista --e incluso algunos socialistas-- desean que la nueva ley criminal vaya más allá. Que sea aún más dura.

Federico Trillo, portavoz de justicia del PP, tuvo una intervención firme y ausente de medias tintas. Su partido aboga por algo que el Gobierno considera inconstitucional: que los delitos más graves, como el asesinato terrorista o la muerte con agresión sexual, conlleven un tipo de cadena perpetua que sería revisable tras los primeros 20 años de cárcel. "Que se sepa por todos que quien la hace la paga. Que sepan los terroristas, los violadores y los pederastas que causan muertes que van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel", dijo poco después de asegurar que el Estado atiende más "al preso que a la víctima" y arrogarse la tarea de "desmontar el mito del buen salvaje" que trazó Karl Marx, esa ilusión que todavía atenaza a una "izquierda decimonónica".

El convergente Jordi Jané pidió que los hurtos --sancionados con multas--, cuando los hayan cometido multirreincidentes, conlleven cárcel de entre 15 días y tres meses. "O damos una respuesta a la multirreincidencia o no podremos apoyar la reforma del Código Penal", anunció Jané. Lo único que se decidió ayer fue el rechazo a las enmiendas a la totalidad que habían propuesto PNV, ERC-IU- ICV y BNG. No se votó la reforma en sí misma.

"Las normas penales no deben hacerse con el corazón, sino con la razón", había dicho el ministro Francisco Caamaño al inicio del debate, en una frase que iba dirigida a las fuerzas que rechazan el proyecto por considerar que responde a la alarma mediática creada por casos recientes como el de Marta del Castillo, la joven presuntamente asesinada a comienzos del pasado año.

ACOMPAÑAR A LA SOCIEDAD De lo que se trata, dijo el titular de Justicia, es de que la ley "acompañe" a los cambios de la sociedad española. Una transformación que para el Gobierno justifica endurecer las sanciones por corrupción, establecer la libertad vigilada para los condenados por delitos muy graves u ordenar que los delitos de terrorismo con muerte no prescriban.