Los socialistas y los populares se pusieron ayer de acuerdo en el Parlamento vasco para pedir al Gobierno de Patxi López que no sancione a los comercios que incumplan la obligación de atender o rotular en euskera. La normativa al respecto debía entrar en vigor el próximo mes de julio y las multas podían llegar hasta los 600.000 euros.
Aunque la norma solo afectaba a las grandes cadenas comerciales y a empresas de comunicación, transporte y servicios --el pequeño comercio estaba excluido--, el Gobierno ya anunció a principios de mes su intención de aplazar la aplicación de sanciones. Portavoces del Ejecutivo justificaron la demora apelando a la "realidad sociolingüística" de Euskadi, donde un 77% de los ciudadanos emplean el castellano en sus relaciones diarias. Este dato, correspondiente al último sociómetro que elabora el Ejecutivo, lo enarboló el portavoz socialista, Vicente Reyes, para rechazar las sanciones.
Los grupos nacionalistas expresaron su disgusto con la modificación de la norma prevista. La tesis del PNV es que todos los objetivos que se marcaron en su momento para garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores son "asumibles" en este momento y que las grandes empresas han dispuesto de tiempo y de recursos para acomodarse a las exigencias.
POSTURAS "MAXIMALISTAS" Aralar denunció que lo que se "impone" realmente es el "conocimiento del castellano". Su portavoz, Mikel Basabe, avisó de que las posturas "maximalistas" del PSE y el PP obstaculizan el logro de acuerdos para que las próximas generaciones conozcan y utilicen las dos lenguas oficiales de Euskadi.
