Bajo el lema "vamos a ser implacables contra la corrupción urbanística", el PSOE anunció ayer que promoverá en el Parlamento la creación de una fiscalía especial para delitos urbanísticos. La iniciativa, que se formulará mediante una proposición no de ley, cuenta ya con el respaldo de una mayoría suficiente para ser aprobada. Por otra parte, al cierre de esta edición se conoció la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada para hoy, cuyo único punto en el orden del día será el inicio del procedimiento para la disolución del Ayuntamiento de Marbella.
Precisamente, la posible disolución del consistorio ha desatado una batalla entre el PSOE y el PP. Los conservadores exigen elecciones anticipadas y los socialistas sostienen que no hay ya plazo legal para convocarlas.
Los socialistas pedirán, además, que se dote de mayores medios e instrumentos a la Fiscalía General del Estado para combatir la delincuencia urbanística. Y harán que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, explique en el Congreso su trabajo en el ámbito urbanístico.
El anuncio de que la Junta de Andalucía pediría hoy al Gobierno central la disolución de la corporación municipal de Marbella encendió la discusión entre el PP y el PSOE sobre cuál debe ser el siguiente paso. La medida no tiene precedenten en democracia. Todos los partidos están de acuerdo en que el ayuntamiento debe ser disuelto. Pero ahí acaba el consenso. Después, todo son discrepancias.
"ALARGAR LA CRISIS" Los socialistas quieren nombrar una gestora que gobierne Marbella hasta las municipales, que se celebrarán el tercer domingo de mayo del 2007. Los conservadores rechazan esa iniciativa porque "sólo alargaría la crisis" y reclaman elecciones para que un nuevo equipo garantice la "limpieza de la investigación".
El secretario de organización del PSOE, José Blanco, reiteró que "no hay plazo legal" para unos comicios adelantados. La posibilidad de convocar elecciones extraordinarias en un municipio está regulada en la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), que en su artículo 42.3 dice que es necesario que haya un plazo de 54 días entre la convocatoria de elecciones y su celebración. Además, regula (artículo 183) que no se puede elegir una nueva corporación si ésta no puede ejercer por un periodo superior a un año.
UN PROCEDIMIENTO LARGO Dada la fecha en que nos encontramos, no hay plazo para convocar a las urnas antes del 27 de mayo. La ley de bases del régimen local (artículo 61) establece que en caso de gestión "gravemente dañosa para los intereses generales", el Gobierno podrá disolver un ayuntamiento. Para ello, el Consejo de Ministros debe reunirse tres veces. La primera, para pedir un informe favorable al Senado; la segunda, para disolver; y la última, para convocar comicios.
El PP, en cambio, cree haber encontrado un resquicio legal para que la disolución del ayuntamiento no conduzca a una gestora sino a unas elecciones para las que las encuestas le dan ganador. Los populares se acogen a una ley de rango inferior a la orgánica para afirmar que se pueden reducir los 55 días que marca la LOREG. El PSOE lo ve como un "disparate jurídico".
La bronca llevó ayer al PSOE a reprochar al PP que se hubiera desentendido de las evidencias de corrupción en Marbella durante los ocho años de gobierno de José María Aznar. "El Gobierno de España, del PP, y la Fiscalía del Estado miraban para otro lado", acusó Blanco. El número dos del PSOE aprovechó para extender las sospechas de corrupción a otros municipios levantinos gobernados por el PP .
