El primer juicio contra el terrorismo islamista en España empieza hoy en un pabellón rehabilitado de la Casa de Campo de Madrid. La sentencia tratará de definir este tipo de terrorismo y sus medios de captación y de financiación. También examinará si quienes tuvieron contacto con autores del 11-S de EEUU han de ser acusados de colaboración o de coautoría.
A
El principal acusado de este proceso es el sirio Imad Eddin Barakat, Abú Dahdah, que formó una infraestructura terrorista mediante la captación y entrenamiento de jóvenes islamistas para su integración en la guerra santa, según el fiscal. Esos jóvenes fueron reclutados en la mezquita madrileña de Abu Baker. Además, el responsable de la red terrorista de Al Qaeda financió desde España a otras organizaciones terroristas internacionales y se reunió en Tarragona, en julio del 2001, con el jefe de los pilotos suicidas del 11-S, Mohamed Atta.
Abú Dahdah se enfrenta a una petición fiscal de 62.500 años de cárcel. Su nombre aparece como la pieza clave de otros grupos terroristas, ya que conoce a la mayoría de sus integrantes porque les adoctrinó sobre la necesidad de practicar la guerra santa, según el fiscal. Una de esas personas es Jamal Zugam, uno de los presuntos autores de la matanza de Madrid y que declarará como testigo en la vista.
Otros imputados son Driss Chebli y Ghasub al Abrash Ghalyun. Ambos se enfrentan, cada uno, a una petición de 62.509 años de cárcel. Los dos acusados mantuvieron varios contactos preparatorios con los terroristas que perpetraron los ataques del 11 de septiembre. Ghalyun viajó a EEUU en agosto de 1997 y filmó las Torres Gemelas. La suma de las penas pedidas supera los 200.000 años, cifra récord en la justicia española.
B
La Audiencia Nacional se enfrenta a varios retos con este juicio. La vista servirá como preparación del macrojuicio que se celebrará el próximo año contra los autores del 11-M. Por ello, el tribunal quiere que su sentencia sea clarificadora sobre este tipo de terrorismo que ha roto todos los esquemas nacionales e internacionales.
Uno de los primeros problemas que tendrá que resolver es si los hechos descritos por el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, tienen encaje con la actual definición del delito de terrorismo en el Código Penal español. Ese texto castiga las actividades terroristas que están orientadas a subvertir el orden constitucional.
Por ello, es probable que la sentencia incorpore la nueva definición redactada en la UE tras el 11-S, que es más amplia que la nacional. En España, los grupos terroristas actúan con una jerarquía vertical, es decir, hay una cúpula y unos comandos que obedecen sus instrucciones. Sin embargo, el terrorismo islamista funciona con una estructura horizontal, en la que las células tienen gran autonomía para decidir contra qué, cómo y cuando actúan.
Otra de las claves del proceso será la financiación de estos grupos. Las investigaciones han demostrado que Al Qaeda utiliza la delincuencia común para recaudar fondos o usa empresas legales para enviar dinero a otras organizaciones. Los jueces tendrán que decidir si esos actos son un delito de colaboración con banda armada.
C
El Ministerio de Justicia ha rehabilitado un pabellón de la Casa de Campo para realizar este juicio. El alquiler de la sede ha costado casi 300.000 euros y la reforma se ha elevado a casi un millón de euros.
El edificio está dotado con excepcionales medidas de seguridad y con los últimos avances en tecnología. Más de 100 policías se encargarán de vigilar todo el proceso.
En la vista se han acreditado más de 150 periodistas de 75 países, como Estados Unidos, Holanda y Alemania. El proceso durará hasta el verano. Las sesiones se celebrarán los lunes, martes y miércoles. Estos dos últimos días en jornadas de mañana y de tarde.
Los 24 acusados están en prisión, aunque el periodista de la cadena de televisión Al Jazira, Tayser Alony, está en arresto domiciliario por problemas de salud. No se descarta que el tribunal acuerde hoy dejarle en libertad para que él mismo se encargue de su traslado, ya que ahora tiene la obligación de permanecer en su domicilio de Granada.
Los acusados responderán a las preguntas en castellano, aunque el tribunal dispone de varios traductores por si optan por declarar en árabe.
Los jueces han tenido en cuenta la confesión religiosa de los imputados y les permitirán rezar, si así lo desean, en los descansos de las vistas. También dispondrán de un menú especial. Todos ellos están internados en varios centros penitenciarios de Madrid.
Durante el juicio declararán varios testigos protegidos y otros que lo harán desde las cárceles en las que se encuentran ingresados a través de la videoconferencia.
