La ilegalización de Batasuna encara su recta final a contrarreloj. El Gobierno ha hecho sus números y teme que Batasuna pergeñe alguna argucia legal para presentar candidaturas a las elecciones locales de mayo en Euskadi. El vicepresidente Mariano Rajoy ha encargado informes jurídicos y ayer, para evitar contratiempos, instó al Tribunal Supremo a ilegalizar a Batasuna cuanto antes.
Rajoy manifestó que el Gobierno tiene "la esperanza" de que la proscripción de Batasuna "se resuelva con la mayor celeridad posible".
La sala especial del Supremo tiene hasta el 4 de abril para dictar sentencia. Las deliberaciones empezarán el miércoles, pero, según fuentes del Supremo, "es imposible" aventurar cuándo habrá fallo.
MIEDO A UN ARDID
Las prisas del Ejecutivo obedecen a la sospecha de que los juristas aberzales podrían recurrir a alguna artimaña para demorar el fallo. De prosperar su ardid, el tiempo empezaría a correr en contra de los intereses del Gobierno, pues las candidaturas a las municipales deberán estar registradas el 18 de abril.
La ley ya contempla la hipótesis de que un partido ilegalizado trate de concurrir a los comicios a través de agrupaciones de electores, fórmula a la que podría recurrir Batasuna.
Según fuentes de la Moncloa, Rajoy ha encargado informes jurídicos para asegurarse de que Batasuna no podrá presentar agrupaciones de electores independientes a quienes no se la pueda vincular.
