El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado que el gobierno y la administración de la provincia esté encomendado a un consejo de alcaldes, que carecería de estructura política, pero que permitiría un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros.

En rueda de prensa para presentar el proyecto de transformación de las diputaciones provinciales, Rubalcaba ha señalado que esta propuesta se llevará a la conferencia política del PSOE a finales de septiembre que tiene por objeto simplificar, evitar duplicidades y conseguir un ahorro importante del gasto público. Rubalcaba ha explicado que estos mil millones suponen el 20% del gasto total de las diputaciones, cifrado en 6.000 millones de euros, y al que se llegaría suprimiendo cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos cargos políticos y una serie de transferencias --básicamente educación y servicios sociales-- que pasarían a las comunidades autónomas.

No obstante, Rubalcaba ha asegurado que esta propuesta no conllevaría una reforma constitucional y sí una nueva definición de la ley de bases de régimen local y una modificación de la ley de haciendas locales. La visita del Papa Asimismo, Rubalcaba ha asegurado que, si los españoles le dan su confianza, lo primero que hará es aprobar en el Consejo de Ministros la ley de muerte digna en los mismos términos que el proyecto que acordó el actual Gobierno.

Así lo ha manifestado el candidato en rueda de prensa para presentar su proyecto de reforma de las diputaciones provinciales, en la que ha querido expresar también su "respeto, respeto, respeto" a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que ha reunido en Madrid a un millón de jóvenes con la presencia del Papa. "La muerte digna será --ha recalcado Rubalcaba-- la primera que aprobaré en el Consejo de Ministros".

Este proyecto, que el actual gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el pasado 10 de junio, no podrá ser ya tramitado en las Cortes debido a la convocatoria electoral del 20 de noviembre. Los objetivos fundamentales de ese proyecto son asegurar la protección de la dignidad de los enfermos que se encuentran en fase terminal o de agonía y garantizar, en esos momentos, el pleno respeto de su libre voluntad sobre los tratamientos que tengan que recibir.