EL TRIBUNAL SUPREMO ha acordado que el opositor de Guinea Ecuatorial mantenga cautelarmente el estatuto de refugiado político en España, en contra de la decisión del Consejo de Ministros que, el pasado enero, decidió quitárselo porque contribuyó a la preparación de un golpe contra el régimen guineano, con lo que puso en peligro los intereses de España.