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El laberinto catalán

Torra convierte su juicio en un acto político y ataca a la justicia

El ‘president’ vuelve a admitir la desobediencia y asume la inhabilitación: «Bienvenida sea». El fiscal afirma que los lazos amarillos no son compartidos por una parte de los catalanes

 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ayer, en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. - EFE / ANDREU DALMAU

FIDEL MASREAL / J. G. ALBALAT epextremadura@elperiodico.com BARCELONA
19/11/2019

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, convirtió ayer su juicio por desobediencia en un ataque y un desafío en toda regla al tribunal que lo juzgaba y a la Junta Electoral Central (JEC) que le reclamó quitar los lazos amarillos y a la fiscalía. Por la mañana, en su declaración, como hizo en su día ante el juez instructor, Torra se autoinculpó: «Sí, desobedecí». Por la tarde, en su alegato final, denunció indefensión y se permitió amenazar a los magistrados que le juzgaban: «La condena será vuestra condena». Como colofón a su soflama política, asumió la sentencia que puede despojarle de la presidencia de la Generalitat: «Si por defender derechos y libertades he de ser condenado, bienvenida sea la condena».

«Este juicio político quiere alterar el panorama político catalán», denunció Torra ante Jesús María Barrientos, presidente del tribunal que juzga al president y del TSJC, de quien cuestionó su imparcialidad y con quien se enfrentó dos veces. Por la mañana, al llamar «franquista» a la acusación particular de Vox –Barrientos advirtió de que no permitiría «descalificaciones»–, y por la tarde, por asegurar que la fiscalía está al servicio del Gobierno.

Todo ello envuelto en una argumentación soberanista que llevó a Torra a afirmaciones como que en la sociedad catalana existe «un gran consenso» a favor de la exhibición de lazos amarillos y esteladas. Apostilló que también la Delegación del Gobierno en Cataluña debería colgarlos.

LOS HECHOS / Más alla de las soflamas, durante el juicio se recordaron los hechos: Torra desobedeció la reiterada instrucción de la Junta Electoral de retirar la pancarta y los lazos del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones generales de abril pasado, pero finalmente accedió a ello tras el tercer aviso. Según su abogado, Gonzalo Boye, no hubo desobediencia porque la JEC no podía obligar a la Generalitat a nada al no ser la administración que convocaba los comicios, y no ser superior jerárquico del president. Boye trató sin éxito de introducir cuestiones prejudiciales a elevar al Tribunal de Justicia de la UE.

«No ordenaré nunca a nadie que retire un lazo, una estelada o cualquier otro símbolo que considere que ha de lucir en su edificio», afirmó Torra, obviando que la cuestión generó no poca polémica interna entre los socios del Govern y con sus servicios jurídicos. En todo caso, centenares de personas arroparon al president a las puertas del tribunal, entre ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, los consellers y numerosos diputados independentistas.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, recalcó en su informe final la actitud «renuente», de «desprecio y reproches continuados» de Torra a la hora de no retirar la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat, tal como había ordenado la Junta Electoral Central. Bañeres calificó esta actitud de «falta de respeto institucional» que se fue intensificando con el paso de los días. «Se vino arriba», remachó.

La acusación pública detalló que la decisión de la JEC no era novedosa y mencionó otro caso sobre las esteladas, ratificado por el Tribunal Supremo, así como la condena de la alcaldesa de Berga por desobediencia al no retirar la bandera independentista del ayuntamiento.

Incluso el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, sugirió al Ejecutivo catalán el cumplimiento de la orden de la Junta Electoral. Bañeres recordó en este sentido que «es necesario que se cumplan las decisiones de la JEC para garantizar la limpieza de las elecciones», y añadió que «el lazo amarillo y la estelada no son símbolos compartidos por una parte de la sociedad» catalana.

El fiscal insistió en que «la autoridad de la Junta Electoral está limitada al periodo electoral y es superior al presidente de la Generalitat y del Gobierno», y al mismo tiempo reprochó a Torra que aludiera a la imposibilidad de cumplir la orden de ese organismo, cuando el mismo comisario jefe de los Mossos entonces [Miquel Esquius], puso de relieve ayer ante el juez «la simpleza con la que se suprimieron todas las pancartas».

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