Una vez destapada la caja de los truenos, y ante la constatación de que no hay vuelta atrás, el Gobierno catalán ha puesto la proa a CiU y desea que salgan a la luz los supuestos pagos ilegales durante la etapa del Gobierno nacionalista. Por ello, quiere que las empresas constructoras declaren ante la comisión parlamentaria creada para investigar tanto el socavón del Carmel como el sistema de contratación de la obra pública en los últimos seis años.
Ante la dificultad de que los constructores reconozcan una actuación que podría ser considerada un delito, el Ejecutivo catalán busca fórmulas para que no se pueda imputar a nadie.
CONVERSACION Fuentes del tripartito opinan que los constructores podrían limitarse a certificar la conversación, revelada por el consejero catalán de Política Territorial, Joaquim Nadal, en el sentido de preguntar si todo debía continuar como con el anterior Gobierno de CiU.
"Si de verdad esta comisión de investigación actúa, quien pringará será CiU", ha señalado un miembro del Ejecutivo catalán, convencido de que la federación nacionalista no está interesada en que se llegue hasta el fondo de la cuestión.
Otras fuentes del Ejecutivo indicaron que el enfrentamiento con CiU ha llegado a un punto en el que el presidente de la Generalitat no tiene otra salida que la de ir "hasta el final" con su apuesta por la transparencia. La creación de una oficina antifraude va en esta línea.
En el PSC, sin embargo, se ve muy difícil que los constructores accedan a corroborar la existencia de los presuntos pagos.
