Que Extremadura sea líder nacional del nuevo modelo energético basado en las fuentes renovables. La manera: con la creación de una empresa pública de energía que libere a la región del «oligopolio eléctrico» y abarate la factura a las empresas, las pymes y las familias. Se añade el impulso de un plan de autoconsumo. Y la recuperación de la gestión pública de las centrales hidroeléctricas una vez que caduquen sus concesiones.
Son algunas pinceladas de las 700 medidas que componen el programa electoral de Unidas por Extremadura (la confluencia de Podemos, IU, Extremeños y Equo) de cara a los comicios del 26 de mayo. Casi a mitad de carrera electoral han presentado su programa -lo hicieron ayer en Mérida, al aire libre, rodeados de verde, ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras- bajo el lema Por un futuro aquí. El acto corrió a cargo de la candidata a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel; y del número 2 por Badajoz, Joaquín Macías.
Dicen que se niegan a normalizar la precariedad y la temporalidad como seña de identidad del mercado laboral, por eso plantean «un nuevo modelo productivo que genere empleos estables y de calidad». ¿Cómo? Con un Plan de Desarrollo Regional que cree 25.000 puestos en los próximos años «ligados a la transición energética, a la rehabilitación de viviendas, a la economía de los cuidados, al refuerzo del sistema de la dependencia, el impuso a la I+D+I, al turismo sostenible y a la economía digital». Hasta ahí la teoría.
MÁS ALQUILER PÚBLICO
¿Más detalles? Quieren la creación de una banca pública con el objetivo, a corto plazo, de atender las necesidades de financiación de inversión de las pymes extremeñas, pero apoyando también proyectos a medio y largo plazo.
En materia de vivienda apuestan por la incorporación de tres mil nuevos inmuebles al parque público de alquiler, con especial atención al medio rural.
En el ámbito de la agricultura la apuesta es una ley de precios mínimos para los productores.
Contemplan también medidas contra el fraude y la precariedad laboral, mediante la concesión de certificaciones de responsabilidad y el refuerzo de la labor inspectora; una fiscalidad «justa y progresiva», y el blindaje por ley del gasto en sanidad, educación, servicios sociales y dependencias.
Más concreción sobre el ámbito sanitario: destinar el 25% del gasto a atención primaria e introducir consultas de geriatría en este nivel asistencial.
EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS
En cuanto a la educación, apuestan por universalizarla de 0 a 3 años; y por la gratuidad de la primera matrícula de los grados y másteres universitarios que sean habilitantes para ejercer la profesión.
Igualmente, De Miguel subrayó: «Queremos una Extremadura más feminista». Y en este aspecto se comprometió a poner la igualdad en el centro de la política, a reforzar la red de atención a las víctimas de la violencia machista y a fomentar un pacto horario que facilite conciliar la vida laboral con la familiar y la personal.
Joaquín Macías, por su parte, habló de un territorio «más democrático», con una ley de participación ciudadana -también la creación de una consejería con esta misma denominación- y permitiendo que cualquier ciudadano pueda formular preguntas a los miembros del Gobierno en los plenos de la Asamblea.
Más propuestas: un mandato máximo de ocho años para los miembros del gobierno, la eliminación de los aforamientos de estos y los diputados regionales, y suprimir los «privilegios» concedidos a los expresidentes de la Junta.
Macías también puso el foco en fomentar el retorno de los emigrantes, impulsar el ferrocarril y la conexión con la vecina Portugal.
