Extremadura, 1936. En la región hay más de 180 casas del pueblo desde donde sindicalistas y socialistas llevan a cabo sus actividades y reuniones políticas de forma clandestina una vez que ha comenzado la Guerra Civil. Son instituciones en muchos casos familiares, construidas en ocasiones por padres e hijos con sus propias manos, edificios que desde entonces se han convertido en un símbolo más de la izquierda histórica española.
A medida que avanza con éxito el ejército nacional estos inmuebles son conquistados con el aval de un decreto que denuncia la ilegalidad de los movimientos marxistas .
Una vez confirmada la victoria del bando franquista, ya en 1939, el Generalísimo aprueba una ley contra el marxismo que en la práctica suponía la expropiación de todos los bienes de los sindicatos y partidos que eran considerados de izquierdas y, por lo tanto, un peligro para la unidad de España.
Los edificios pasaron a manos de la Falange Española y la mayoría se convirtieron en cámaras agrarias locales o simplemente fueron utilizados para dar auténticos pelotazos urbanísticos.
Desde entonces han pasado más de sesenta años y aún hoy PSOE y UGT continúan luchando para recuperar el patrimonio histórico que tenían en la región antes de la contienda fratricida.
PRIMERAS INDEMNIZACIONES
Como primer paso, en 1986 UGT Extremadura ya recibió una importante compensación económica por los daños sufridos, en torno a tres millones de euros, y muchos años después, en 1998, el PP aprobaba la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados, un proyecto en principio ambicioso frenado en gran medida por el reglamento que lo concretó.
No en vano ese acuerdo histórico, posibilitado por el pacto entre los populares y el hoy demonizado PNV durante la primera legislatura de Aznar, dejaba claro que sólo se devolverían los bienes que se utilizasen en su momento para desarrollar actividades políticas y exigía que se documentase sin dejar lugar a la duda la propiedad de los inmuebles. Con todo, esta norma no ha servido para que el PSOE, el partido político más dañado por las incautaciones franquistas, recuperara su patrimonio en España, ya que sufrió unas pérdidas que sus servicios jurídicos estiman en unos 90 millones de euros.
FALTA DE DOCUMENTACION
El problema, según la Dirección General de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, es que en la mayoría de los casos los socialistas no han sido capaces de aportar pruebas concluyentes de su relación con los bienes expropiados o con las organizaciones que eran las titulares en su momento.
Por eso, sin duda resultó más importante la cesión a la Junta de Extremadura de las Cámaras Agrarias Locales, ya que en marzo de 1997 el Parlamento regional aprobó una norma que establecía la extinción definitiva de estos organismos como tales y la devolución de los inmuebles a sus propietarios originales siempre que pudiesen acreditarlo documentalmente. Para evitar posibles conflictos las Ejecutivas regionales de UGT y PSOE apostaron por unir sus fuerzas y firmaron un pacto histórico por el que comparten al 50% todas las casas del pueblo que han recuperado desde entonces. Durante tres años ugetistas y socialistas trabajaron juntos para poner en común toda la documentación recopilada hasta el momento y recabar nuevos datos y testimonios.
