Un nuevo informe, en este caso favorable al complejo Marina Isla de Valdecañas ve la luz. Se trata, según la Junta de Extremadura, de un documento «independiente» del proceso judicial que está en fase de ejecución de las dos sentencias de derribo que pesan sobre el resort (la primera del TSJEx del 9 de marzo de 2011 que fue ratificada por el Supremo el 29 de enero de 2014 ), aunque desde el órgano que lo ha elaborado esperan que tenga alguna influencia en la resolución final.
El documento fue encargado el pasado 11 de marzo por la consejera de Medio Ambiente al Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, un órgano consultivo del gobierno regional que está formado por 24 consejeros de distintos ámbitos sociales y económicos de la región -los empresarios, las organizaciones agrarias, sindicales y sociales, la universidad, los consumidores, el consejo de juventud...-, y aprobado por unanimidad en un pleno celebrado el pasado martes.
La conclusión del dictamen del CES es clara: derribar Isla de Valdecañas solo tendría consecuencias negativas para la zona en la que se asienta el complejo y también para la comunidad. El proyecto turístico y residencial ha tenido una «impacto favorable en toda la zona, tanto desde el punto de vista económico como de generación de empleo y de fijación de la población en el territorio». La presidenta del CES, Mercedes Vaquera, espera que este informe sea tenido en cuenta «porque aquí está representada toda la sociedad extremeña», defiende. ¿Tiene cabida en el proceso judicial? «El objetivo es que se incorpore al proceso y se valore la opinión de los agentes económicos y sociales de la comunidad».
LOS DATOS / Sus conclusiones se basan en la evolución de cuatro datos básicos: el empleo en las dos poblaciones afectadas, El Gordo y Berrocalejo, en la evolución de la población, en la pérdida de ingresos vía IBI -Impuesto sobre Bienes Inmuebles- y en el «quebranto económico» que tendría para la administración regional el derribo y la restauración de la zona. «Todo ello sin olvidar el impacto sobre la imagen de la Administración autonómica y la percepción de inseguridad jurídica para potenciales inversores», destaca el informe de 42 páginas.
En concreto, el dictamen defiende que no cabe duda de la «influencia beneficiosa» que el complejo ha tenido sobre las variables demográficas de El Gordo: «la conjunción de su puesta en funcionamiento con la implantación de una instalación agroindustial ha generado las sinergias necesarias para interrumpir de manera clara y contundente las dinámicas de expulsión de población del medio rural». También concluye que la vuelta a su consideración como terrenos rústicos tendría «un enorme impacto» sobre los recursos prespuestarios de El Gordo principalmente», puesto que posee la mayoría de la isla. En el 2016 el 48% de sus ingresos fueron solo por IBI.
El impacto ambiental / El informe también se fija en los criterios medioambientales expuestos en el informe de la Estación Biológica de Doñana, sobre el que considera que «no hay datos concluyentes» y que, precisamente por eso, se deben tener en cuenta los efectos socioeconómicos del proyecto. Es más, indica que de existir tal daño ambiental, «resultaría menor que el que puede producirse ahora sobre la población de El Gordo, y que, aún considerando los valores medioambientales dignos de ser contemplados y protegidos, su defensa no puede hipotecar las posibilidades de las poblaciones que con su presencia y trabajo han posibilitado la evolución y el sostenimiento de los ecosistemas que deseamos proteger». Por eso, insiste el texto, el medioambiente «debe ser un elemento de progreso económico y social» y un «aliado y no un adversario», reseña.
Respecto al coste económico que supondría la reversión de los terrenos a su estado original, o en su caso una rehabilitación, y también aquellos derivados de las indemnizaciones a inversores y propietarios, el CES apunta que no tiene capacidad para realizar estimaciones pero que «a nadie se le escapa que sería millonario y lastraría otras inversiones».
