Médico que se aprovecha de la debilidad de su paciente o paciente que intenta arruinar la vida a un facultativo que goza de prestigio profesional. Un dilema en manos de la justicia.

Tendrá que dilucidarlo el juez titular del Juzgado 1 de Villanueva de la Serena, responsable de la instrucción del caso, abierto tras la denuncia que J. G. R., de 30 años y vecino de Puebla de Alcollarín, presentó contra P. A., facultativo que durante más de un año le trató un proceso de depresión.

Los hechos que le imputa nada tienen que ver con la profesión, sino con un negocio que según el denunciante afrontó de forma asociada con la persona que le trataba y que asegura le ha llevado a la ruina.

Las versiones

Fuentes jurídicas cercanas al caso han señalado que el denunciante --quien tiene una capacidad intelectual limitada-- asegura que el profesional "le convenció de asociarse en un negocio para el que cada uno tenía que poner unos 180.000 euros. Lo hizo, pero sólo él aportó el dinero, mientras que su supuesto socio se dedicaba a quedarse con todo lo que ganaban, llegando incluso a falsificar firmas y todo tipo de documentos".

Pero el negocio se fue a pique, el paciente se sintió estafado y, viéndose sin dinero, decidió denunciar. En la denuncia, presentada el 20 de enero pasado y admitida ahora a trámite por el juez, se acusa al profesional de cinco delitos: Estafa, extorsión, delito societario, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento privado.

Por su parte, el facultativo denunciado lo niega todo. Asegura ser víctima de un ataque injustificado y elude entrar en detalles. Al preguntarle qué argumentos esgrime contra los hechos que le imputan se limita a contestar: "Mis argumentos se verán en el juzgado. Lo único que puedo decir es que todo lo que denuncia esa persona es completamente falso, son una retahíla de infamias, falsedades y calumnias, como se demostrará en el juzgado". Y advierte que sus asesores legales y él actuarán con la máxima fuerza que permite la ley en contra de tales hechos.

De momento será el juez quien habrá de decidir si el caso llega a juicio o se archiva por falta de pruebas.