¿Habrá derribo o no en el complejo Marina Isla de Valdecañas? La decisión está más cerca. La tomará el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) después de la vista pública que ha fijado para el próximo 12 de septiembre. No será un juicio, sino una audiencia en la que los investigadores -o algún representante- de la Estación Biológica de Doñana (órgano dependiente del CSIC) deberán ratificarse en el informe pericial encargado por el TSJEx para determinar el valor y impacto medioambiental de ejecutar las dos sentencias de derribo y que fue entregado el pasado enero. También deberán ratificarse los peritos en las aclaraciones o cuestiones planteadas a posteriori (tras la entrega del informe ha habido tres meses para solventar dudas y alegaciones) por las partes implicadas en este caso, que además durante esa vista podrán pedir explicaciones o matizaciones, «pero siempre que no se trate de una reiteración de lo expuesto».

Las partes en conflicto son cinco y todas están citadas a esa vista pública: el promotor del complejo (Marina Isla de Valdecañas SA), las tres comunidades de propietarios de las villas de la isla, la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (donde se ubica el complejo) y las dos organizaciones ecologistas (Adenex y Ecologistas en Acción) que iniciaron el conflicto judicial.

Esta cita, que se celebrará en la sede judicial de Cáceres, será la última fase de un conflicto que se inició hace ya más de una década. Una vez concluida, el TSJEx dictará una resolución y abrirá un plazo de 20 días para que cada parte inste la ejecución o la imposibilidad de ejecutar la sentencia y posteriormente habrá otros 20 días para que el tribunal conteste a las peticiones formuladas. Luego llegará la resolución final del TSJEx, que pondrá fin, así, a la fase de ejecución de la sentencia de derribo que pesa sobre Isla de Valdecañas.

No obstante, no hay que olvidar que queda otro conflicto judicial abierto sobre este caso. Es el Tribunal Constitucional el que todavía debe determinar si los cambios que aprobó la Asamblea de Extremadura en la ley del suelo para legalizar el Proyecto de Interés Regional (PIR) de Valdecañas tras una sentencia que lo declaró nulo, son constitucionales o no. El caso, por tanto, sigue abierto.