La Comisión No Permanente de Investigación sobre Feval ha aprobado el dictamen que se elevará al pleno de la Asamblea, el cual solo incorpora las conclusiones del grupo popular mientras que el grupo socialista y el de IU registrarán solicitud de voto particular para que también sean debatidas en sesión plenaria.
Este dictamen llega después de que siete personas, entre ellos, el exdirector de Feval, José Luis Viñuela, el exsubdirector José Villa y el exadministrador Juan Cerrato, fueran detenidos en el marco de una operación sobre supuestas irregularidades cometidas en la entidad, en la que han quedado en libertad con cargos y sin fianza por orden del Juzgado de instrucción número 3 de Don Benito.
El presidente de la citada Comisión, el popular Miguel Cantero, ha explicado que se ha rechazado una segunda propuesta de conclusiones presentada por el grupo socialista fuera de plazo, al haberla registrado el 28 de mayo, cuando el plazo fijado abarcaba hasta las 14:00 horas de 26 de abril.
En líneas generales, tanto el portavoz popular, Francisco Ramírez, como el portavoz de IU, Alejandro Nogales, han defendido la necesidad de depurar "responsabilidades políticas" en la figura del entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la exvicepresidenta María Dolores Aguilar como miembro de la Junta Rectora de Feval.
Por su parte, el portavoz socialista, Valentín García, ha recordado que el alcalde de Don Benito, el popular Mariano Gallego, también formaba parte de este órgano rector, con un 25% de representatividad al igual que el resto de instituciones, con lo que todos son "responsables solidarios y a partes iguales".
En su intervención, el portavoz popular ha destacado que, en última instancia, Fernández Vara es el "responsable político" de lo sucedido en la Institución Ferial de Extremadura, porque tuvo conocimiento de estas "gravísimas irregularidades" en 2010 al hablar con dos trabajadores y no tomó la decisión de suspender cautelarmente a los directivos de la entidad, según Ramírez, por conservar su "sillón presidencial" ante la inminencia de las elecciones.
"¿Tienen miedo a José Luis Viñuela?, ¿tienen miedo a lo que pueda decir?", ha aseverado Ramírez, quien ha reprochado a los socialistas que "taparan y sigan tapando lo que ocurrió en Feval", al tiempo que considera que Vara, debido a su actuación en este "escándalo", siempre "va a estar bajo la sospecha de corrupción".
En opinión de Ramírez, los hechos evidencian "un descontrol y derroche a raudales con el dinero de todos los extremeños" a la vez que ha citado supuestas irregularidades en materia de contratación, contables y trato de favor.
Los populares no descartan presentarse como acusación popular en el proceso judicial abierto y han anunciado su intención de trasladar el dictamen a la justicia tras ser aprobado en pleno.
Por su parte, el portavoz socialista ha recordado que de 1995 a 2002 los contratos se aprobaban mediante "firma mancomunada" del alcalde de Don Benito y el director de Feval y opina que habría que preguntarle a Gallego "por qué empieza a maquinar contra la institución" cuando la Junta Rectora suprime la firma mancomunada, aprueba una presidencia rotatoria y delega las funciones ejecutivas únicamente en la dirección general.
Valentín García ha subrayado que en el año 2010 se lleva a cabo una auditoría de gestión a propuesta de la Junta de Extremadura, en la que no se señalaron "ni irregularidades ni ilegalidades contables, sino anomalías procedimentales" y que el 13 de junio de 2011 cesa al director general y subdirector "por el deterioro de la imagen de Feval" debido a la "trama laboral, mediática y política" urdida en contra de Vara de cara a las elecciones.
A su juicio, la Comisión de Investigación solo tenía por objetivo que declarara Vara, pues "las conclusiones estaban escritas desde el inicio" de la misma, y considera que ésta ha sido "la clave de bóveda del acuerdo de legislatura entre PP e IU".
Desde el grupo de IU, su portavoz Alejandro Nogales se ha ratificado en que "la mayoría de los hechos denunciados evidentemente han sucedido" pero se ha mostrado contrario a remitir el dictamen del Parlamento a la justicia pues diferencian entre lo que ha de ser responsabilidad penal que, ha dicho, recae en la cúpula directiva de Feval, y responsabilidad política, la de Fernández Vara y Aguilar, que "no pusieron remedio a lo que estaba sucediendo".
