Unidos y firmes en su petición: el derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas. Así se mostraron ayer los responsables de Ecologistas en Acción y Adenex, que denunciaron «fuertes presiones» ante la resolución final del conflicto que se inicio tras las denuncias de ambas organizaciones ecologistas y sobre el que pesan dos sentencias firmes de derribo. En una nota de prensa, ambas organizaciones defienden la ejecución de los fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Tribunal Supremo, que consideran ilegal la urbanización construida en una zona de especial protección de aves (Zepa) y que obligan a devolver los terrenos a su estado inicial. Insisten, asimismo, en que el informe pericial encargado a la Estación Biológica de Doñana (del CSIC) también es «contundente», por lo que no ven otra alternativa posible al derribo.

Tanto el coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, Ángel García Calle, como la abogada de Adenex, Mª Ángeles López, aseguraron ayer que han detectado «fuertes presiones» a sus organizaciones, ya que hay «propietarios influyentes» y también por parte de algunos medios de comunicación. «Se están dando en todos los intervinientes del proceso judicial», lamentaron.

García Calle precisó que no tienen interés «en hacer daño a nadie» y que su único objetivo ha sido desde el principio que se cumpla la ley. Señaló que los promotores y la Junta de Extremadura no han conseguido demostrar sus argumentos del crecimiento económico y el empleo que ha generado el complejo en la zona, el daño ambiental que produciría la demolición ni que el coste del derribo podría alcanzar los 400 millones de euros.

Por su parte, la abogada de Adenex desgranó el recorrido del proyecto desde que se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al proyecto en 2007 y el complejo procedimiento judicial que tiene varias partes. Una de ellas es la ejecución de la sentencia, sobre la que el TSJEx tendrá que decidir definitivamente en las próximas semanas, después de celebrarse una vista pública con todas las partes el pasado 12 de septiembre y en la que los peritos del CSIC se ratificaron en su informe. La segunda parte del conflicto tardará más en tener una resolución, ya que en la actualidad el Tribunal Constitucional está estudiando si fueron o no inconstitucionales los cambios que aprobó la Asamblea de Extremadura en la ley regional del suelo, cambios que legalizaron el complejo una vez ya pesaba sobre él la primera sentencia de derribo. Las dos organizaciones ecologistas esperan que el TSJEx se pronuncie pronto sin esperar al proceso del Constitucional.

Si finalmente se decidiera la demolición, el caso de Isla Valdecañas todavía tendría varios capítulos por escribir. «Hay que hacer un proyecto y luego someterlo a Declaración de Impacto Ambiental, además de resolver la nulidad de todos los contratos y compraventas y licencias existentes».