Los datos del pasado año en Extremadura reflejan la siguiente realidad: 720 mujeres que han necesitado orden de protección o medidas cautelares (en muchos casos siguen activas), lo que significa una media dos víctimas cada día; y 605 hombres condenados con sentencia firme; lo que implica una media de 50 cada mes. Es una parte del significado de la violencia de género y sus consecuencias en la región.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el último balance sobre la evolución de estos delitos en la comunidad. Se entiende así todo acto de violencia física o psicológica (incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) que se ejerza contra una mujer por parte del hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convivencia.

UNA LACRA MUY LATENTE / Es cierto que a lo largo de 2017 el número de víctimas que han necesitado protección ha bajado un 3,2% con respecto al año anterior, pero la cifra de condenados sigue siendo prácticamente la misma, lo que se traduce en que esta lacra social continúa estando muy latente en la sociedad extremeña.

Además, detrás de esas cifras en frío, aparece la realidad. En más de la mitad de los casos ha habido delito de lesiones; y en uno de cada tres, torturas y ataques a la integridad moral, además de amenazas. También aparecen varios casos de quebrantamiento de condena.

Entre las víctimas hay 13 menores protegidas por maltrato; mientras que veinte de las mujeres que han sufrido agresiones machistas había cumplido ya los 65 años.

Asimismo, prácticamente en la mitad los casos había cesado la convivencia con la pareja, mientras que en 14 de ellos se había iniciado ya el proceso de separación.

DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA / En cuanto a los agresores condenados, en el 88% de los casos eran de nacionalidad española (y residentes en Extremadura). La mayor parte se encuentra en la franja de edad entre los 25 y los 44 años, pero llama la atención que hubiera 18 con más de 65 años; así como dos de ellos menores de edad.

En los últimos dos años, desde las asociaciones que pelean contra la violencia de género, se ha puesto especialmente el foco en esos casos que aparecen entre quienes aún no han cumplido la mayoría de edad, tanto en los agresores como en las víctimas. Advierten que durante la adolescencia se copian patrones machistas que provocan que las agresiones y las amenazas sean más habituales de lo normal y, peor aún, «se normalicen». Entidades como Malvaluna, con sede en Mérida, insisten en la necesidad de educar en valores de igualdad y respeto y contra determinados estereotipos «muy presentes aún en la sociedad» desde la etapa de Primaria.

PENAS Y MEDIDAS / En casi la mitad de los casos la condena ha implicado la entrada en prisión. Además, entre las medidas cautelares que se imponen destaca la prohibición de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella, la privación del derecho a tener armas en propiedad y también trabajos en beneficio de la comunidad.

Todas ellas acciones encaminadas a la protección de la mujer. Pero desde las asociaciones siguen insistiendo que el remedio ha de establecerse antes, en la educación, para evitar que siga habiendo mujeres víctimas de todas las edades, incluso adolescentes.