Un delito de incendio que afecta a una superficie de considerable importancia, que supuso peligro para la vida e integridad de las personas y del que se han derivado importantes efectos erosivos en el suelo es el que el Ministerio Fiscal imputa a Antonio D. M., acusado de provocar intencionadamente el fuego que, en agosto del 2006, se inició en el término municipal de Carrascalejo y arrasó casi 3.700 hectáreas de las provincias de Cáceres y Toledo.
Es el delito del que le acusa la fiscal delegada de Medio Ambiente y por el que pide para el acusado una pena de 14 años de prisión y casi 7.910 euros de multa, además del pago de millonarias indemnizaciones.
En este sentido, y además de indemnizar a los 270 particulares que se vieron afectados por el fuego que él provocó en las cantidades que cada uno reclama y ha justificado, Antonio D. M. tendría que indemnizar a la Junta de Extremadura con casi 506.000 euros --97.877 euros por los gastos de extinción del incendio y 408.028 por las actuaciones de urgencia destinadas a paliar los efectos de la erosión del suelo--; a la Junta de Castilla La Mancha en la cantidad de 1,6 millones de euros --131.571 por los gastos de extinción y 1,5 millones por los daños medioambientales--; y con 4.468,31 euros por los gastos de extinción a la Comunidad de Madrid.
Y es que para lograr sofocar el incendio del que esta acusado Antonio D., y por el que este habrá de ser juzgado en la Audiencia Provincial por un jurado popular, se emplearon numerosos y muy diferentes medios --181 personas, 35 vehículos, 8 helicópteros y 2 aviones, entre otros-- de diferentes instituciones y organismos, como las Juntas de Extremadura y Castilla-La Mancha, el Ministerio de Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Cáceres y la Comunidad de Madrid.
Estos fueron los medios y efectivos que fue necesario utilizar para sofocar el incendio que se inició el 12 de agosto del 2006 y no se extinguió hasta la tarde del día 15.
"CLARA INTENCIÓN"
Fue en el paraje conocido como 'Puente de la Posada', del término municipal de Carrascalejo, donde el acusado inició el fuego. Hasta allí se desplazó sobre las 13.15 horas del 12 de agosto y, según recoge la fiscal como hechos probados, "quitó la boquilla a un cigarrillo, introdujo una cerilla en un extremo del mismo encendiéndolo por el otro y, con la intención de quemar el bosque y plenamente consciente de la existencia de pasto seco, lo tiró en la cuneta para que al consumirse el cigarrillo prendiera la cerilla y con ello el pasto, dándose inmediatamente a la fuga".
Para la fiscal la intención del acusado "era provocar un incendio que sabía se propagaría rápidamente por la proximidad de arbolado, las condiciones del viento reinante y el calor de mediodía propio del mes de agosto". Y así ocurrió, minutos después, "y como consecuencia de que su plan funcionó a la perfección", el fuego se propagó rápidamente originándose un incendio de grandes dimensiones que afectó a los términos municipales de Carrascalejo, Villar del Pedroso, Navatrasierra y Alía en la provincia de Cáceres, y a los de Mohedas de la Jara y Puerto de San Vicente, en la de Toledo.
Asoló unas 3.370 hectáreas --1.100 de la provincia de Cáceres y 2.270 de la de Toledo-- y contra su propagación se luchó desde que se detectó, a las 13.50 horas del 12 de agosto, hasta declararlo extinguido, lo que ocurrió a las 23.20 horas del 13 de agosto en la vertiente castellana y a las 20.35 horas del día 15 en la extremeña.
