La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) investiga siete expedientes de contratación de la administración regional correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009, tres de ellos pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES), por indicios penales.
El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, da a conocer esta investigación durante su comparecencia en el pleno del Parlamento regional, en respuesta a una interpelación del IU sobre la política del Ejecutivo en materia de contratación de suministros a los centros asistenciales dependientes de su departamento.
Según Hernández Carrón, con anteriores gobiernos y según recogen informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Junta, se abusaba de las contrataciones menores sin procedimiento de publicidad y concurrencia, lo que conllevaba la contratación de suministros "al margen de la normativa vigente".
Los contratos objeto de investigación por parte de la Fiscalía ascienden a 116 millones de euros en el caso de 2008 y 124 millones de euros en el ejercicio de 2009.
En este sentido, se pregunta quiénes eran los beneficiados de esas adjudicaciones sin publicidad y muestra su preocupación por esta "mala práctica" que se deriva del fraccionamiento de contratos.
Ante esta situación, el consejero explica que el nuevo gobierno tenía que optar por seguir con la misma dinámica "o intentar cambiar las cosas" y se opta por cumplir con la ley y beneficiar a todos en lugar de "beneficiar a unos cuantos y discriminar al resto".
Además, destaca que con los nuevos procedimientos de centralización se consigue pagar a los proveedores y reducir los gastos, y añade que en el caso de Servicio Extremeño de Salud en esta legislatura se han realizado 18 procedimientos de centralización de compras, que han supuesto un ahorro de 13 millones de euros.
Carrón defiende, por tanto, la política de centralización de compras, aunque reconoce que en algunos casos, como había expuesto el portavoz de IU, Pedro Escobar, han surgido problemas puntuales en algunos de los centros dependientes.
En concreto, Escobar se refiere a los problemas surgidos en algunas residencias de ancianos, en las que los usuarios se han quejado de deficiencias en los servicios de catering tras la adjudicación a una nueva empresa.
El portavoz de IU, que apoya el que se lleven a cabo medidas para mejorar la gestión y la transparencia en la adjudicación de contratos, rechaza, no obstante, que tras estas medidas se intente rebajar la calidad del servicio prestado.
