La Inspección de Trabajo afloró el pasado año más de 3.000 empleos de la economía irregular en Extremadura e impuso sanciones por 18 millones de euros (el triple que un año antes), y ha permitido transformar en la región casi 6.500 contratos temporales fraudulentos en indefinidos en los últimos tres años. Una de cada tres inspecciones destapó alguna actuación fraudulenta con la Seguridad Social. Son datos del Ministerio de Trabajo, que ponen a la región como una de las de mayor porcentaje de prácticas irregulares de todo el país.
El pasado año (últimos datos completos del ministerio) se realizaron en la comunidad autónoma un total de 4.494 inspecciones en materia de economía irregular, aflorando 3.050 empleos. A consecuencia de ello, se decretaron expedientes liquidatorios; es decir, la recaudación por las multas impuestas que obtuvo la Seguridad Social, por valor de 17.979.035 euros (es el triple que en el año 2016); de los que 8,7 millones correspondieron a derivaciones de responsabilidad; 3,3 millones a recaudación inducida; 4,3 millones a actas de liquidación; y algo más de 1,6 millones a conceptos como propuestas de liquidación, minoración de morosidad o devolución de prestaciones.
En lo relativo a la contratación a tiempo parcial, se realizaron 400 actuaciones, fruto de las cuales se detectaron 24 ilícitos administrativos, lo que permitió aflorar 321 puestos de trabajo en situación irregular.
Además, la Inspección de Trabajo también realizó 15.600 actuaciones relativas a la contratación de duración determinada, en las que constató la existencia de casi 3.600 infracciones, y que supuso la transformación en indefinidos de 2.560 contratos temporales.
Asimismo, como consecuencia de las 816 actuaciones realizadas en materia de formación profesional para el empleo en la comunidad autónoma el pasado año, se detectaron 87 infracciones, imponiendo sanciones por valor de 416.000 euros.
Por último, Trabajo también detectó 19 infracciones relativas a la existencia de empresas ficticias, anulandose un total de 74 altas simuladas.
Se da la circunstancia de que la mayoría de las actuaciones fraudulentas se detectaron en la provincia de Badajoz, pese a un menor número de inspecciones que en la de Cáceres. Así de los 3.050 empleos que afloraron en toda la región el pasado año por irregularidades con la Seguridad Social, casi 2.400 fueron en Badajoz; donde se liquidaron 11,6 millones de euros de los casi 18 en total en toda la comunidad autónoma.
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo son de tres tipos: las visitas a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso previo; el requerimiento de comparecencia ante el funcionario de quien haya resultado obligado; y en virtud de expedientes administrativos.
PLAN POR UN TRABAJO DIGNO // Al margen de estas geestiones, en los primeros ocho meses del año, la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal ha permitido transformar en indefinidos casi 2.700 contratos temporales.
Por otro lado, las cartas de inspección que el Gobierno central ha mandado a las empresas han destapado por el momento más de 8.000 falsos autónomos. Se trata de una actuación dentro del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020. Según los datos del Ejecutivo, existen actualmente unos 130.000 falsos autónomos en la economía española y como consecuencia del envío de dichas cartas ya han aflorado 8.000 falsos autónomos, que ahora mismo están registrados en la Seguridad Social como lo que son, trabajadores por cuenta ajena.
En Extremadura, el número total de comunicaciones remitidas en la primera fase de este plan de choque ha sido de 1.992, de las cuales 1.511 son relativas a fraude en la contratación temporal y 481 afectan a posibles supuestos de uso irregular de la contratación a tiempo parcial.
extremadura, a la cabeza // La economía sumergida en España supone una merma en la recaudación próxima al 23%, lo que equivale a cerca del 6% del PIB, con Extremadura a la cabeza entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de economía opaca, frente a la Comunidad de Madrid, la región que presenta el menor porcentaje. Así se desprende del último estudio ‘Economía sumergida y fraude fiscal en España’, elaborado por Funcas, en el que recopila datos de una decena de estudios sobre la economía sumergida en España en comparación con otros países, y estima un rango de entre el 18,5% y el 24,5% del PIB.
Por comunidades autónomas, el informe muestra que las regiones con un mayor porcentaje de economía sumergida en el momento de elaborar el estudio eran Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%), Castilla-La Mancha (27,2%) y Canarias (26,1%), seguidas de la Comunidad Valenciana (24,8%), Castilla y León (24,7%), Murcia (24,6%) y Asturias (24,3%). Por el contrario, las regiones que presentan un menor nivel de economía opaca son Navarra (18%), País Vasco (17%) y la Comunidad de Madrid (16,2%).
