En su barómetro de hace tres semanas, el CIS avanzaba que los políticos, en general, eran la cuarta preocupación de los españoles, tras el paro, la corrupción y los problemas económicos, y que las dos profesiones peor valoradas eran la de periodista y juez. Confieso que fui uno de los que leyó con perplejidad estas conclusiones, aunque después de lo visto esta semana en nuestra región tengo que admitir que llevan parte de razón.
Todo a raíz del Plan 18-25, más conocido como "la ESO de los 1.000 euros", una de las banderas del gobierno extremeño, y que busca que pese a la tasa de abandono del 40% no oculta su satisfacción por el hecho de que comunidades como Castilla-La Mancha le haya copiado la idea. Consiste fundamentalmente en recuperar para las aulas a los jóvenes que dejaron los estudios en plena burbuja inmobiliaria, con la novedad del incentivo (o ayuda, según se vea) de 1.000 euros si consiguen el título de ESO. Esta novedad es, por otra parte, la principal crítica de la oposición y los sindicatos, que acusan al ejecutivo de mercantilizar la educación y de crear un agravio comparativo con el resto de estudiantes.
Así está la cosa cuando el jueves 14 por la tarde, en la víspera del examen del primer cuatrimestre, el PSOE avisa en nota de prensa de que ha habido una filtración y que tiene el examen. Sólo un par de horas después el diputado Antonio Gómez Yuste da un paso más y, en lugar de advertírselo a la consejería, lo cuelga en su muro de Facebook para demostrar que efectivamente tienen las preguntas. Resultado: se pospone el examen al martes siguiente y la Junta avanza que depurará responsabilidades.
Pasado el fin de semana, como si de periodo inhábil se tratara, resurge la polémica. El lunes 18 el presidente Monago critica a Gómez Yuste por colgar el examen en internet, y el martes 19, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la vicepresidenta Cristina Teniente le da al diputado socialista "48 horas" para que diga lo que sabe o irán a los tribunales. Minutos después, y advertido de las palabras de Teniente, el portavoz socialista Valentín García , al que no le hace falta que se la pongan botando para tirar a puerta, responde "a doña Cristina" que "Franco murió hace mucho", y que "no ha nacido nadie en el PP que amenace a un diputado socialista". En esto llega el portavoz popular Miguel Cantero para bautizar a García como "don Valentino", aunque el gallifante se lo lleva un alto cargo del ejecutivo, que escribía esa tarde en su twitter: "Ese estilo déspota, ese tono tabernario y ese lenguaje de chulo de Las Mazas es el paradigma de la decadencia de una oposición menguante".
XPERO LA COSAx no queda ahí. El miércoles 20 el consejero de Administración Pública y el presidente del parlamento aclaran que por la condición de aforado de Gómez Yuste, la Junta sólo podrían denunciarlo ante el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Cáceres. Y hasta allí se va un día después, el jueves 21, la consejera de Educación para, pasadas las 48 horas, poner la denuncia y regresar después al pleno del parlamento, donde Gómez Yuste, en un encuentro con la prensa aclaraba que el examen circuló "como la falsa moneda", que se lo dieron los propios alumnos, y que no advirtió directamente a la administración porque él "no es el recadero e Monago". A continuación, el PP pedía su dimisión y daba un paso más al calificar a Fernández Vara como "jefe ideológico" de este "hecho gravísimo". Y el viernes 22 el caso da sus últimos coletazos, de momento.
En resumen, 7 días de mensajes de ida y vuelta a través de los medios de comunicación, sin que ninguno de los protagonistas de este lamentable hecho hayan descolgado el teléfono, que sepamos, para aclarar lo ocurrido. Al PSOE le han sobrado ganas de desgastar al gobierno, y a éste y al PP ganas de magnificar el caso y convertirlo casi en cuestión de Estado. Y es que está claro que para la Junta un alto porcentaje de aprobados sería un espaldarazo al programa, pero de ahí a insinuar que lo ha filtrado a propósito para conseguirlo.. También está claro que para el PSOE era una ocasión de oro para desprestigiar la "ESO de los 1.000 euros" y con ello al ejecutivo, pero de ahí a acusarle de una filtración que por lógica tuvo que producirse en la propia consejería.
XEL CASO ESx que durante toda la semana nuestros representantes han estado enfrascados en "cosas de políticos", como lo llaman muchos ciudadanos de a pie a los que la cuestión en sí, tal y como están las cosas, les trae al pairo. Y los periodistas hemos ido detrás contando cada uno de los capítulos de este serial desafortunado.
Hubiera sido mucho más fácil y sobre todo más razonable que el diputado del PSOE hubiera avisado a la Junta de la filtración por cauces oficiales y que ésta hubiese cambiado el examen y despachado el caso. O, que llegados al lunes, nadie hubiese echado más leña a un fuego que perjudica, sobre todo, a los políticos y al propio programa educativo. Con cualquiera de las dos, no hubiésemos añadido más gotas al vaso de la paciencia de los ciudadanos, que como muestra el CIS, está ya a rebosar.
