Punto final, al menos de momento, al ´caso Lusográfica´, que es la investigación judicial sobre el comportamiento de 13 concejales y exconcejales del Ayuntamiento de Olivenza, entre ellos el exalcalde Ramón Rocha, en relación a la venta de 65.000 metros cuadrados para la instalación en esa localidad de la imprenta Lusográfica.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Olivenza, Pilar Sánchez-Baña Rodero, ha archivado la causa por entender que no existen indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, y un delito contra los derechos cívicos, de los que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y por el PP, que se había personado en la causa como acción popular.

Aunque se desconocen los detalles del auto de archivo, fuentes conocedoras del procedimiento han informado a este periódico que "es muy técnico y prolijo", y que no hay notificación oficial del mismo hasta el próximo lunes --primer día hábil para el Juzgado, toda vez que ayer, viernes, era festivo en Olivenza y el sábado y el domingo son días inhábiles--, si bien se ha comunicado ya, a través de la intranet de la Administración de Justicia, a las partes personadas.

El abogado que representa los intereses de los querellados, José Luis Galache, ha rehusado hacer manifestaciones sobre la decisión de la juez. "Supongo que mis representados hablarán el lunes, cuando se conozca oficialmente el sobreseimiento. Hasta entonces no vamos a decir nada. Es la decisión que tomamos desde el principio de este asunto. No queríamos que se convirtiera en un elemento más del ruido político y mediático, que creemos que entorpece la labor de la justicia", ha dicho Galache.

El ´caso Lusográfica´ estaba bajo investigación de la juez Sánchez-Baña desde el verano del 2010. El 26 de noviembre emitió una providencia para citar en calidad de imputados a los 13 concejales y exconcejales citados. Además, en calidad de testigos, han pasado por el juzgado varias personas relacionadas con el Ayuntamiento de Olivenza en la época --entre 2001 y 2009 en que se sustanció la venta de los terrenos a Lusográfica, el inicio de actividad y, finalmente, su cierre y la presentación del concurso de acreedores. Desde entonces, la mayor parte del tiempo ha estado cerrada y su actividad ha sido testimonial.

INVESTIGACION AL PP El sobreseimiento del caso, que es provisional habida cuenta de que cabe recurso de reforma ante el propio juzgado y de apelación ante la Audiencia, no ha impedido a la juez que continúe con las diligencias para investigar si el Partido Popular ha incurrido en vulneración de secretos al haberse difundido el pasado 18 de febrero la providencia del 26 de noviembre en que la juez citaba a los 13 imputados. Como ya informó este diario el día 4, la juez quiere saber si hay una relación causa-efecto entre la aprobación de la personación en el caso del PP, como acción popular, y la difusión de la citada providencia, toda vez que la personación y la difusión se produjeron el mismo día, el pasado 18 de febrero, y con escasas horas de diferencia. La juez citó a los abogados del PP para que declararan por este asunto. Según ha sabido este periódico, estos afirmaron desconocer el origen de la filtración y ahora la juez ha pedido al propio partido que le informe sobre ello. Si finalmente estima que ha habido vulneración del secreto le aplicaría el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece una sanción que, en todo caso, es simbólica y que todavía está reflejada en pesetas en el texto legal: entre 250 y 2.500 (entre 1,5 y 15 euros).