Una gran noticia». Ese es el resumen que hace el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, ante la decisión de la Junta de anular el permiso de investigación de la mina de uranio planeada en el suroeste extremeño.
Villanueva del Fresno es uno de los consistorios que presentó un recurso de alzada en contra del permiso de investigación de recursos de la sección D (uranio) de la Ley de Minas, denominado ANSAR. Lo hizo junto a los ayuntamientos de otros municipios afectados por el proyecto: Higuera de Vargas, Zahínos y Oliva de la Frontera.
El ayuntamiento de Jerez de los Caballeros también presentó recurso de alzada, pero fue inadmitido por extemporáneo.
«La Junta nos ha dado la razón», expresa Díaz Farias, el mismo día en el que se reunieron los alcaldes de los municipios afectados para ver cómo proceder: «Hasta ahora podía parecer que la Administración estaba con la empresa, pero esta decisión da la razón a los Ayuntamientos, que representan a la ciudadanía», expresa.
Misma satisfacción muestran desde la plataforma ciudadana ‘Dehesa sin uranio’. Desde la organización dicen estar «contentos», aunque llaman a la prudencia: «Hay que ver en qué queda la resolución», advierte José Carlos Costillo, miembro de la plataforma en la localidad de Zahínos.
Por su parte, Díaz Farias explica que a la empresa ya sólo le queda recurrir a la vía judicial si quisiera continuar con el proyecto.
Tanto el alcalde como Costillo aseguran que seguirán trabajando «todos de la mano» para la defensa de la zona contra el proyecto, promovido por la sociedad ‘Qbis Resources’ SL.
La decisión de la Dirección General de Industria, Energía y Minas se basa en el informe desfavorable emitido por la Dirección General de Medio Ambiente, durante la tramitación de los mencionados recursos.
Este permiso de investigación de la mina, ahora anulado, se encontraba paralizado desde el mes de marzo de 2019.
Pero el alcalde de Villanueva del Fresno va más allá y recuerda que el gran objetivo sería modificar la actual Ley de Minas que rige en el Estado: «Es una norma preconstitucional, de 1974, a la que le falta transparencia», dice Díaz Farias.
Por el momento, los vecinos de la zona, contrarios al proyecto, han conseguido una gran victoria tras meses de movilizaciones y acciones en los diferentes municipios.
