La Junta de Extremadura considera que el protocolo contra desahucios es "un buen instrumento" para evitar que estos procesos afecten a personas que no pueden pagar y asegurar "un hogar digno" a todos los solicitantes de viviendas sociales.
Por ello, ha lamentado que el Grupo Parlamentario Podemos no lo haya suscrito, a pesar de que está respaldado por las plataformas ciudadanas que defienden políticas activas contra los desahucios.
En este sentido, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha desmentido que se haya producido ningún lanzamiento o desahucio de familias en Mérida, después de que Podemos denunciara uno de estos procesos en la capital emeritense.
Según la Junta, sobre la vivienda en cuestión a la que se ha referido la formación morada, que "no se encontraba ocupada, existía "un auto judicial de entrada por ocupación ilegal".
Ante esta circunstancia, y en aras de la cautela y la prudencia que la Junta de Extremadura adopta en estos casos, "durante meses se hizo un seguimiento para constatar si efectivamente había alguien viviendo en ella", lo que permitió constatar que no.
Una vez confirmado este extremo, ayer se procedió a la apertura de la vivienda con el fin de recuperarla para el parque de viviendas de la Junta.
Aunque tres horas después de proceder a esa recuperación se ha personado una mujer diciendo que la vivienda es suya, la Junta ha comprobado que la mujer, su pareja y sus dos hijos son adjudicatarios de otra vivienda social en otro de los barrios de Mérida.
