La Junta ha encargado un informe al Consejo Consultivo para que determine si cabe recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León que incluye en su articulado que esta comunidad tendrá competencias exclusivas en el Duero. Se repite así la historia de lo ocurrido con el Estatuto de Andalucía, que atribuye competencias exclusivas en el Guadalquivir para dicha región, cuando su cuenca ocupa otras regiones como Extremadura.

El texto castellanoleonés fue aprobado el miércoles en el Senado sin votos en contra y con sólo las abstenciones de ICV y Esquerra Unida. En él se indica que Castilla y León tiene competencias exclusivas en el Duero cuando las aguas discurran íntegramente dentro de su territorio. El problema es que, como en el caso andaluz, la cuenca del Duero ocupa zonas de otras regiones, en concreto de Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

En el caso extremeño, la afección es de 35 kilómetros cuadrados (el 0,04% de la cuenca) en los términos de Descargamaría y Robledillo de Gata, ya que en la Sierra de Gata nace el río de las Mallas (también llamado de la Golosa, de Linares, de Piedralá, de Malavao y, sobre todo, de la Malena) que fluye a unos mil metros de altitud en dirección suroeste para luego girar hacia el noroeste y desembocar, ya en Salamanca, en el río Agueda, que a su vez muere en el Duero.

Ayer, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, explicó que el dictamen encargado al Consejo Consultivo es una muestra de "coherencia", al actuar igual que se hizo con el Estatuto de Andalucía, y añadió que el texto estatutario de Castilla y León recoge los términos "competencia exclusiva" en el Duero. Vara reconoció que el texto castellanoleonés "está muy matizado", pero que los términos anteriores inducen a error.

En términos similares se había manifestado horas antes la vicepresidenta segunda, Dolores Aguilar, quien anunció la decisión de estudiar el recurso tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aguilar explicó que, aunque la superficie extremeña afectada es "muy poco relevante", el Ejecutivo extremeño trata de ser "consecuente con su política en materia de gestión de las cuencas hidrográficas".

Por su parte, el secretario regional del PP, César Díez Solís, señaló que este recurso debe tomarse "con normalidad" y si el Constitucional lo decide, cambiar el texto estatutario. Díez Solís culpó a la "indefinición del modelo de Estado" marcada por el Gobierno socialista de estas situaciones y afirmó que la Junta no es coherente, pues no recurrió el Estatuto de Cataluña.

En la ocasión anterior, el Consejo Consultivo extremeño indicó en su dictamen que había materia para recurrir el Estatuto de Andalucía puesto que vulneraba competencias del Estado y directivas europeas de aguas y marcaba al poder legislativo nacional los límites de su actuación en el Guadalquivir, cuando debe ser justo al revés.