La Junta de Extremadura también se plantea interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por la reforma de la Ley de Aguas aprobada el jueves por el Congreso y que permitirá a Andalucía y Castilla y León asumir ciertas competencias sobre las cuencas del Guadalquivir y el Duero. Pero antes de tomar la decisión definitiva sobre si acudir o no al Constitucional, el Gobierno extremeño preguntará al Consejo Consultivo, al que va encargar un informe sobre su viabilidad.
El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, reconoció ayer que esta reforma "puede perjudicar" a Extremadura. Aunque también admitió que son dos cuencas que "tampoco tienen mucha incidencia" en la región, dado que solo 1.400 kilómetros (el 2,35%) de la cuenca del Guadalquivir y 35 de la del Duero están en suelo extremeño.
"Seguimos considerando que la gestión de los ríos debe ser del Gobierno central y no por cada una de las comunidades", explicó Echávarri. El consejero subrayó que la Junta mantiene la postura de aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional --tras los recursos formulados por Extremadura contra los estatutos de Andalucía y Castilla y León--, que "dice que los ríos no son troceables y cuando discurren por varias comunidades las competencias las tiene que tener el Estado".
La reforma aprobada el jueves en el Congreso permitirá a Cataluña, Aragón, Andalucía y Castilla y León (las comunidades que tienen recogido en sus reformas estatutarias la posibilidad de asumir competencias sobre cuencas fluviales) hacerse cargo de funciones de policía sobre el dominio público hidráulico de los ríos que están en su territorio. Así, podrán iniciar procesos sancionadores, aunque la resolución de los expedientes seguirá correspondiendo al Gobierno central.
