La abogacía de la Junta de Extremadura está estudiando si cabe plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ha dado la razón a la empresa que pretende investigar el yacimiento de uranio de la Sierra Suroeste. El fallo reactiva el permiso de investigación que primero autorizó la Consejería de Transición Ecológica en 2018 y un año más tarde anuló. Ese cambio de criterio fue el que motivó la demanda de la empresa Qbis Resources sobre la que se acaba de pronunciar el TSJEx, como adelantó este diario. La Abogacía está trabajando en la apreciación que introduce el TSJEx en cuanto a que la justificación técnica que anuló el permiso inicial fue «insuficiente».
El fallo devuelve la tramitación al momento en el que la Junta autorizó el permiso de investigación sobre 286 cuadrículas mineras en la zona de la finca de Cabra Alta, con lo que la empresa tendría ahora vía libre para iniciar los sondeos en el terreno. «Vuelve a estar vigente la resolución de diciembre de 2018 y por tanto no hay que realizar trámites añadidos», indican desde la Consejería de Transición Ecológica. La administración «respeta y acata» la decisión judicial y defiende además que la sentencia avala que la administración regional ha actuado en todo momento conforme a la ley, así como el hecho de que los magistrados reconocen en su fallo que comparten el criterio que siguió la Junta para anular el permiso que otorgó inicialmente, por el impacto que podría causar en «zonas de alto valor ecológico».
Sorpresa en la zona
La decisión judicial ha causado sorpresa y preocupación en los ayuntamientos de la zona, que temen que este fallo marque la senda sobre los demás recursos que emprendieron los consistorios de Villanueva de Fresno, Higuera de Vargas, Oliva de la Frontera Zahínos y Jerez de los Caballeros, para frenar un proyecto minero que consideran perjudicial para sus poblaciones. «Nos coge de sorpresa y sabemos que va a ser complicado que nos den la razón tras este fallo. Pero mantenemos nuestro compromiso inicial en contra del proyecto minero», reconocía ayer el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias.
En la plataforma Dehesa sin Uranio hablan de «indefensión» en el procedimiento judicial después de que, según apuntan, se les comunicara en una providencia que todas las actuaciones se tramitarían de forma conjunta. «Los equipos jurídicos están estudiando solicitar la nulidad de las actuaciones», apunta José Carlos Zahinos, uno de los integrantes de la plataforma ciudadana.
