Versiones totalmente opuestas ante un conflicto que amenaza con dejar sin servicio de autobús a varios pueblos y que tiene a los trabajadores sin haber cobrado su último salario. La empresa dice que la culpa es de la Junta porque no les ha abonado el dinero que les corresponde; pero la Administración regional niega en rotundo que exista ningún tipo de pago pendiente. Lo cierto es que hay 25 rutas que unen distintos puntos de Extremadura que podrían cancelarse y 70 empleados sin la nómina de febrero en su bolsillo. Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) ha dirigido un escrito a la dirección general de Transporte avisando de que se suspenderán las «líneas deficitarias» a partir del próximo 2 de abril «si no se afronta la deuda».

La versión del gerente de LEDA, Alberto Valenzuela, es que la Administración regional les debe una cantidad de 625.000 euros según el estudio de déficit, además de otras cantidades de carácter retroactivo «a las que se comprometieron» porque se trata de rutas subvencionadas. Esa falta de dinero, asegura Valenzuela, es la causante de que los servicios peligren y de que sus trabajadores no puedan cobrar su sueldo.

En diciembre y enero ya hubo retrasos con los salarios y los empleados amenazaron con ir a la huelga si no se solucionaba el problema.

DENTRO DE PLAZO / Desde la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio explican que había un pago por cerrar de unos 100.000 euros correspondientes al último trimestre de 2017 (de la financiación de las tarjetas Sate, un plan que costea parte del billete de autobús de los viajeros), «pero no era un deuda porque se estaba aún dentro de plazo», subrayan. Aseguran que el dinero se abonó hace dos semanas. E insisten: «No hay nada pendiente».

Las 25 rutas que ahora están en el punto de mira se catalogan como obligación de servicio público (por ello cuentan con financiación de la Junta). Muchas pasan por pequeños pueblos y son el único medio de transporte que se ofrece a sus vecinos, por lo que cancelarlas supondría un agravio.

LAS REACCIONES POLÍTICAS / Sobre el enfrentamiento entre LEDA y la Junta se ha querido pronunciar el PP. La portavoz regional Gema Cortés manifestó ayer que «el ultimátum de la empresa no es una amenaza, sino una llamada a la desesperación, porque sus trabajadores no cobran, porque los proveedores tampoco cobran y esto no es una cuestión de voluntad sino una cuestión de necesidad». Y añadió: «A pesar de que los trabajadores de LEDA han llamado a las puertas de la Junta, siempre se las han encontrado cerradas».

También quiso opinar sobre este conflicto abierto Clara Sayabera, secretaria de Participación, Feminismos y LGTBI de Podemos Extremadura, reclamando al Ejecutivo regional que «abone la deuda pendiente para no poner en peligro un servicio público esencial para la vertebración de los territorios y pueblos de la comunidad».

Mañana miércoles está previsto que el director general de Transportes, José González Rubio, comparezca en la Asamblea de Extremadura «para dar explicaciones» sobre este conflicto en el que las dos versiones están en los extremos.