Cambio climático, energías renovables y nuevas leyes de agua, conservación de la naturaleza o protección ambiental. Son algunos de los retos que tiene por delante la nueva Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, que trabaja ya para que en el año 2030 Extremadura haya multiplicado por ocho su parque de energía solar, eólica y de biomasa. Este departamento es uno de los tres que Guillermo Fernández Vara ha creado en esta legislatura y viene a reflejar la «apuesta clara» de la Junta de Extremadura por el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los Acuerdos de París.

Su titular, Olga García, compareció ayer a petición propia en la Asamblea para desgranar el plan de trabajo de cara a los próximos cuatro años, que se centrará en el aprovechamiento «racional» de los recursos naturales, la conservación del medio ambiente, la transición energética y una «reorientación» de la gestión y los usos del agua. La consejera recibió las críticas del PP y Ciudadanos por su discurso «grandilocuente» sobre el cambio climático y ambos le recordaron que la protección ambiental «no puede ser un freno al desarrollo de esta tierra» porque de lo contrario, «habrá que declarar al extremeño especie en peligro de extinción».

Respecto a las renovables, García destacó el momento de «intensa implantación» que está viviendo Extremadura, con inversiones que superarán los 4.000 millones de euros en los próximos años. Solo en tecnología fotovoltaica la potencia total supera los 8.000 megavatios «completamente viables» para conectarse a la red eléctrica, lo que evitaría la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2. El total de estos proyectos sería suficiente para abastecer a casi cuatro millones de hogares (el equivalente a Madrid y Cataluña juntas) y de ellos 151 se encuentran ya en tramitación, según detalló.

El objetivo de la Junta es que Extremadura aporte en 2030 al menos el 20% de las inversiones asociadas al Plan Nacional de Energía y Clima por el aumento de la potencia eléctrica a partir de fuentes renovables, lo que significa «multiplicar por ocho» el actual parque en cuanto a energía solar, eólica y biomasa se refiere.

«Este es el camino para avanzar hacia un nuevo modelo energético», apuntó García, que anunció además otras medidas como el fomento del autoconsumo con un nuevo paquete de ayudas y la reducción de los trámites administrativos «al mínimo». También en breve se abrirá una convocatoria dotada con 2,3 millones de euros para fomentar la compra de vehículos eléctricos, que contarán con ayudas de hasta 5.500 euros.

CAMBIO CLIMÁTICO / Según apuntó García, la apuesta por las energías limpias será el punto de partida de una política decidida a dar «una respuesta inmediata» al desafío que supone el cambio climático. Esto incluye la conservación y mejora del medio ambiente y la calidad del aire, por lo que el área de Sostenibilidad de la consejería dará prioridad a la conservación de la flora y fauna extremeñas. Entre otras medidas, se abordará una modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza para adaptarla al nuevo escenario climático y la Ley de Protección Ambiental para mejorar los controles. Un plan de infraestructuras para la gestión de residuos, la reducción del consumo de plásticos en la Administración y los hogares o el sellado de más de 50 escombreras son otras de las medidas que se ponen sobre la mesa.

García también apuntó que la emergencia climática «obliga» a reorientar la política del agua para garantizar su calidad y el acceso de toda la población a este bien tan preciado y escaso. En este ámbito, la consejera tendió la mano a los grupos parlamentarios para abordar una modificación de la ley del agua y avanzó la firma de un protocolo con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz para ejecutar un total de 247 actuaciones en materia de depuración de aguas residuales en pequeños municipios de toda la región.

«La emergencia climática y la transición energética forman ya parte estructural de la Junta de Extremadura», aseguró García, que concluyó su intervención apelando a la responsabilidad colectiva de partidos políticos, usuarios e instituciones en la lucha contra la emergencia climática «que amenaza y condiciona» nuestra vida presente y futura».