Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, presentó ayer, 35 años después de lo ocurrido, una demanda en Buenos Aires para exigir una reparación "con todas las consecuencias". Asegura que su pleito está motivado por el "vergonzoso" ataque al juez español Baltasar Garzón, acusado en España de prevaricación por su investigación de los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. Carretero se presentó en los tribunales federales argentinos "con la ilusión y la confianza de que la Justicia argentina haga algo", afirmó tras presentar la demanda.

Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en Badajoz por su militancia en la sección universitaria de la organización FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Su marido, Luis Sánchez Bravo, también de 21 años y miembro del FRAP, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, después de haber sido condenado a muerte en el último Consejo de Guerra de la dictadura franquista por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose.

"Yo llevo esperando 35 años, nunca presenté ninguna demanda ni ninguna querella y precisamente por lo que ha pasado con Garzón he dicho: hasta aquí hemos llegado. Y es cuando me he decidido", explicó a EFE. "Me parece vergonzoso que para un juez que tenemos que persigue el genocidio y todos los problemas de lesa humanidad, ahora se le juzgue a él", lamentó. Afirmó que ha esperado tanto tiempo porque nunca tuvo confianza en que sus demandas salieran adelante, por eso decidió mantenerse siempre "discreta y en un segundo plano". "Quiero reparación, pero no una reparación cualquiera, sino con todas las consecuencias", declaró, al destacar que la mayoría de los culpables están todavía vivos y pueden ser juzgados.

Su demanda se unió ayer a la querella presentada el 14 de abril en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, entre otros por Inés García Holgado, sobrina-nieta de un funcionario de Correos en Hervás, Luis García Holgado, y de un alcalde salmantino, Elías García Holgado, asesinados en 1937 en la carretera de Baños de Montemayor tras haber sido detenidos en Valladolid y Salamanca y encarcelados en la localidad cacereña. El viernes pasado se amplió la demanda con 16 nuevos casos de víctimas gallegas del franquismo.

El abogado Ricardo Huñis, uno de los representantes de los querellantes, acompañó a Carretero a los tribunales y afirmó que durante los próximos días van a presentar diez nuevas demandas de familiares de víctimas, aunque evitó adelantar detalles.

A pesar de que el pasado viernes la Fiscalía federal de Argentina rechazó que la Justicia de este país investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo por considerar que ya hay procesos en curso en España, Huñis confió en que los próximos días la jueza federal María Servini decida finalmente abrir la causa. No obstante, fuentes judiciales consultadas con Efe coincidieron en afirmar en que el informe negativo de la Fiscalía constituye un "muy mal precedente" para la posible apertura de la causa.