Extremadura reduce a la mitad las listas de espera de la Ley de Dependencia. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y facilitados ayer por el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, el número total de solicitantes pendientes de ser valorados o recibir la prestación ascendía a 30 de septiembre a 7.328, frente a los 16.748 que se contabilizaban en mayo del 2011, lo que supone una reducción del 58,5%. El consejero ha destacado además que por primera vez en la historia de la región desde que se implantó, la Ley de Dependencia alcanza los 20.000 beneficiarios al aumentar estos un 6,1%, un incremento que "supera con creces" el dato registrado en el conjunto del Estado, del 0,1% en el mismo periodo. Según Carrón, estos datos harán que España "salve" las cifras de beneficiarios en dependencia, que a su juicio serán positivas gracias a los resultados extremeños. Pero pese a las mejoras, uno de cada cinco dependientes sigue estando aún en lista de espera.
Carrón ha detallado que la demora en la tramitación de los expedientes presentados se han reducido un 68% entre mayo de 2011 y septiembre 2013 al pasar de los 6.339 casos pendientes de valoración hace dos años a los 2.056 actuales, "a pesar de que el que el número de solicitudes también ha crecido en más de mil". En cuanto a las personas con derecho reconocido a la prestación pero aún pendientes de percibirla, cabe destacar que la lista de espera se ha reducido en un 49%, al pasar de los 10.409 dependientes que la componían en el 2011 a los 5.272 actuales. Esto significa que en conjunto, las listas de espera de la Ley de Dependencia se han reducido en la región en casi 10.000 personas, un 59%. A esto hay que sumar además que el número de solicitantes que cobran su prestación alcanza por primera vez a los 20.024 dependientes y que el porcentaje de usuarios con la ayuda reconocida pero pendientes de recibirla baja del 36 al 20% sobre el total de dictámenes emitidos, que son 5.000 más.
"Estábamos peor que la media y no solo nos hemos superado a nosotros mismos, sino que hemos pasado del furgón de cola a situarnos en los primeros vagones que tiran del carro de la Ley de la Dependencia", afirmó el consejero, que atribuyó los datos a las mejoras introducidas en los mecanismos de gestión de la ley y a los esfuerzos presupuestarios para paliar con fondos de la comunidad los recortes estatales.
FALLECIDOS "Es cierto que Extremadura es una de las tres comunidades que está manteniendo la tasa de reposición de la Ley de Dependencia, pero para valorar la reducción también hay que tener en cuenta que el Gobierno central ha expulsado a los dependientes moderados del sistema hasta 2015 y que probablemente un grupo amplio haya fallecido esperando a que le concedan la prestación", indica el portavoz de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que recuerda que más de la mitad de los solicitantes de la ley de Dependencia tienen más de 80 años y por tanto, una esperanza de vida reducida.
Ramírez reconoce que el Gobierno regional "no ha sido tan desalmado" como el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de recortar con cargo a la Ley de Dependencia, y pese a que los esfuerzos de la comunidad son cada vez más grandes para paliar la reducción de fondos estatales --en el 2012 la región aportó el 73% de la financiación de la ley, según los datos de la asociación--, mientras las listas de espera bajan, la calidad del servicio y la atención que reciben los usuarios también disminuye. Según los datos del colectivo, solo el año pasado, el sistema extremeño perdió 20 millones de euros.
"A los 8,4 millones que ha quitado el Gobierno central a Extremadura hay que sumar que ya no se paga retroactividad a los usuarios --el Ministerio amplió el plazo para resolver las solicitudes de seis meses a dos años y medio--, las cuidadoras reciben un 5% menos y más de 3.200 mujeres que se hacían cargo de familiares dependientes ya no cotizan a la Seguridad Social", recuerda Ramírez, que asegura que a todas estas medidas hay que sumar que la región no cuenta con un sistema integrado en los servicios sociales de base.
