La Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura presentará a lo largo de este año una ley que permitirá la investigación con embriones congelados en las clínicas de la comunidad autónoma. El propio consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, confirmó ayer a EL PERIODICO EXTREMADURA que se trata de una norma que habilitará el uso de las células madre que lleven al menos cinco años congeladas y no sean hábiles para la reproducción asistida.

Fernández Vara señaló que los científicos podrán utilizar estos embriones --los que sobran de los distintos procesos de fecundación in vitro -- "siempre con fines terapéuticos", es decir, para avanzar en la lucha contra diversas enfermedades. Al mismo tiempo se mostró convencido de que esta ley es compatible con la Ley de Reproducción Asistida.

A la hora de fijar fechas para su posible aprobación se mostró cauto, y señaló que no se llevará al Parlamento regional antes de las elecciones de mayo.

COORDINACION

También a lo largo del 2003 se aprobarán leyes en este mismo sentido en el resto de comunidades autónomas actualmente gobernadas por el PSOE, es decir, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Baleares. Y es que el objetivo final es crear una red científica compartida.

Uno de los primeros pasos que tendrá que realizar la Junta es ponerse en contacto con las clínicas extremeñas en las que hay embriones congelados. Fernández Vara incidió en que en estos momentos no se conoce la cifra exacta de células madre que hay en los congeladores de las centros sanitarios de la región, aunque en España se calcula que ya hay en torno a 30.000 embriones sobrantes de la fecundación in vitro que han superado los cinco años sin haber sido utilizados.

El problema es que en 1988, fecha en la que se elaboró la Ley de Reproducción Asistida, se pensaba que pasados los cinco años de congelación estas células se deteriorarían y serían inservibles, siendo posible su destrucción. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que pasado ese periodo siguen siendo capaces de desarrollarse sin que se presente ningún problema.

Una de las principales complicaciones que hay en estos momentos es que el vacío legal impide destruir esos embriones y al mismo tiempo obliga a mantenerlos congelados sin que se especifique quién debe asumir ese coste --los clientes de las clínicas se desentienden-- y sin que se puedan usar en investigaciones.