Más de 3.300 trabajadores extremeños han tenido que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) entre enero del 2017 y el 31 de agosto pasado para poder cobrar al menos parte de los salarios e indemnizaciones que les adeudaban sus empresas, en quiebra o insolventes. En concreto, han sido 3.318 asalariados, de los que 1.846 eran hombres y 1.463 mujeres (en los nueve casos restantes no consta el género), que han recibido en conjunto pagos por valor de algo más de 21,6 millones de euros.
En el 2017 este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo abonó 9,1 millones de euros a un total de 1.304 trabajadores. Un año después las cifras bajaron hasta 7,1 millones y 998 asalariados, mientras que durante los ocho primeros meses de este ejercicio se desembolsaron 5,4 millones a 1.016 personas. La mayor parte del montante recibido en estos algo más de dos años y medio correspondió a indemnizaciones, con 13,7 millones (63,3% del total), mientras que en concepto de salarios se pagaron 8 millones.
Las cuantías de estos tres últimos años se mueven, en cualquier caso, muy por debajo de las que se alcanzaron en los peores momentos de la crisis económica y en los primeros del repunte —las liquidaciones llegaron a tardar más de un ejercicio en abonarse—. De toda la serie, los dos años con números más elevados fueron el 2013 y el 2014, cuando los trabajadores a los que hubo que compensar fueron 5.840 y 6.443, respectivamente, con unas cuantías que se situaron en 30,3 y 34,2 millones de euros. Fue, precisamente el segundo de esos ejercicios el que marcó el punto de inflexión a partir del cual los desembolsos han ido reduciéndose. En la década que va del 2009 al 2018 el Fogasa ha realizado pagos en la región por un importe de 178,4 millones de euros a 33.896 empleados.
Además de la mejora de la situación económica, Alberto Franco, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO de Extremadura, precisa que en esta «estabilización» de los datos tiene mucho que ver la criba que la crisis ha hecho en el tejido empresarial extremeño, eliminando muchas de las empresas más frágiles y, por tanto, más susceptibles de entrar «en este tipo de procesos de quiebra».
La cifra de empresas con expedientes presentados desde el 2017 es de 1.090, lo que supone un tamaño medio muy reducido —tres trabajadores de promedio—. «Entre las empresas fuertes la mayoría tienen solvencia, pero son sobre todo las micropymes las que no cuentan con capacidad económica ni patrimonio para pagar», puntualiza.
En cuanto al tiempo de espera para recibir el dinero, «hace muy poco estábamos hasta en 16 meses», señala este responsable de CCOO de Extremadura, y en los instantes más duros de la crisis se han llegado a acumular «hasta 18 meses». «Es una barbaridad que trabajadores que están en una situación lamentable, que llevan sin cobrar varios meses, y que incluso a veces no tienen acceso al desempleo, hayan estado tanto tiempo esperando por algo que es suyo», lamenta. Más cuando «después de perder el empleo, no mucha gente encuentra otro fácilmente».
A día de hoy, no obstante, matiza que la situación ha mejorado ostensiblemente y tanto en Cáceres como en Badajoz, «si se entrega toda la documentación, tardan unos quince o veinte días en resolver y en unos veinte más han pagado».
No todos los salarios adeudados son recuperables en el Fogasa. El tope está en cuatro mensualidades. «Cuando una empresa deja de pagar y no tiene patrimonio, siempre decimos a los trabajadores que no dejen pasar más de cuatro meses. Puede solicitarse la rescisión por falta de pago e incluso mantienen la indemnización por despido», arguye.
