La justicia europea es la esperanza para cerca de 25.000 interinos y temporales extremeños que llevan años trabajando en distintas administraciones públicas de la comunidad pero «siempre con la espada de Damocles en la cabeza». Y septiembre es la fecha clave. A principios de ese mes está previsto que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -una especie de fiscal- se pronuncie sobre dos casos concretos planteados por un juzgado madrileño, que pone en evidencia el presunto abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.

Su pronunciamiento y la sentencia posterior del TJUE será clave porque puede crear jurisprudencia. Hay cerca de 800.000 interinos en España pendientes de esta situación y entre estos, calculan que unos 25.000 son extremeños en distintos ámbitos de la Junta, de ayuntamientos, de diputaciones... Muchos de ellos están organizados en una plataforma regional, a la que pertenece la Asociación Piltex (Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura). «Esperamos que sea clara y rotunda la respuesta de Europa y obtengamos la fijeza en las plazas que llevamos años ocupando en condiciones más precarias y en fraude de ley, queremos la equiparación con los funcionarios de carrera», explica Marisa González, portavoz de Piltex. «Lo que está en juego no es que nos regalen las plazas como estamos escuchando, lo que está en liza es que se sancione a España por el abuso de la temporalidad en las últimas décadas y esa sanción debe ser darnos la fijeza. De hecho, ya se ha sancionado a países como Italia, Grecia o Rumanía por lo mismo, solo falta España», prosigue González.

EXCEPCIONAL / La explicación a este conflicto está en una directiva europea (la 1999/70) que fija las condiciones del personal temporal en las administraciones, pero que España nunca ha incluido en sus leyes. «Se supone que el interino está en la legislación española para ocupar puestos de trabajo que son urgentes, provisionales, excepcionales y para tareas que no son ordinarias, pero esto no se cumple. Los interinos en su mayoría estamos cubriendo plazas estructurales (por encima de los tres años se considera en fraude de ley) y realizando trabajos habituales y normales, nada de urgentes ni provisionales. Se ha abusado de esta figura porque siempre hemos tragado con todo, pero hasta aquí». Y porque tampoco se han sacado ofertas de empleo periódicas, como denuncia el abogado Javier Araúz, que lleva cientos de demandas en España y que ha asesorado a los extremeños en varias charlas.

BAJADA AL 8% / El problema se evidenció cuando el Estado y CSIF, CCOO y UGT acordaron en 2017 reducir la tasa de interinos por debajo del 8% en tres años. «Eso significaba que los interinos empezamos a estar en caza y captura porque en algunos ámbitos éramos más del 30%», insiste González. «Nos vendieron grandes ofertas de empleo de consolidación que son mentira porque no crean ni una plaza neta, lo que hacen es sustituir a un empleado interino por otro. Son auténticos EREs y a coste cero», dice. Por eso no están dispuestos a seguir tragando. Saben que Europa ya ha dado más de un tirón de oreja en este sentido y confían en que también se lo dé a España. «Esperamos que ocurra lo que ya pasó en la banca con las cláusulas suelo».

No obstante, González reconoce que algunos ayuntamientos y también la Diputación de Cáceres «han cuidado» de sus empleados interinos en los últimos años, ofreciéndoles ofertas de consolidación «reales». Pero, avisan, que ya no quieren ofertas de empleo, sino una sanción por abusar de los contratos temporales. «Nosotros ya entramos en la administración porque superamos uno o varios procesos selectivos, ya hemos demostrado mérito y capacidad». Y apunta, además, que el cambio no va a suponer ningún coste a las arcas públicas: «nuestras plazas ya están creadas y presupuestadas; no es cuestión de dinero sino de voluntad». Mientras esperan la respuesta de Europa, van a ir presentando reclamaciones administrativas y luego llegarán los contenciosos si no se actúa de oficio.