Quince años lleva Moziane Mohame en España; quince años, un mes y 18 días en los que "nunca" ha dajado de pagar de su bolsillo el seguro agrario (86,04 euros al mes, actualmente) como jornalero del campo en Talayuela y su entorno. Y nunca, como ahora, se había visto tan angustiado por la situación legal de sus hijos. Tras perder a su mujer, que falleció hace dos años, Moziane observa como sus dos hijas mayores, de 22 y 21 años, quedan en el limbo de la ilegalidad administrativa al decidir el Gobierno no renovar sys permisos de residencia "por no acreditar con nóminas que cuentan con los medios de vida adecuados".

"¿Qué va a pasar ahora con mis hijas? ¿Dónde van a ir si no pueden regresar a Marruecos? Allí no tienen nada ni a nadie que se ocupe de ellas. Su familia está aquí", se pregunta. Con 58 años y unos ingresos mensuales que, solo cuando encuentra trabajo --un par de meses al año--, llegan a los 500 euros, trata de pagar a un abogado para que sus hijas no corran el riesgo de ser deportadas.