Se dieron un mes de plazo, pero las posturas no se han movido en este tiempo aunque sí, al menos, el ánimo negociador entre los representantes de las organizaciones agrarias y los sindicatos que participan en las conversaciones del nuevo convenio colectivo del sector (ayer se sentaron a la mesa Apag Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE y los sindicatos UGT y CCOO). Todos coinciden en la necesidad de alcanzar un acuerdo en el próximo mes.
El planteamiento ahora es que «son más las cosas que nos unen que las que les separan», sostienen, aunque entre las que les separan están algunas de las cuestiones clave para que el nuevo convenio salga adelante: el cómputo de la jornada anual, la retribución de las horas extraordinarias y el registro horario. Ayer no se produjeron avances en ninguno de estos tres puntos, aunque sí se pusieron sobre la mesa propuestas por parte de unos y otros, y tras más de dos horas de reunión se emplazaron a un nuevo encuentro a principios de octubre y a mantener contactos en ese tiempo para ir acercando posturas.
«Vemos que en el fondo no estamos tan lejos, pero el problema es que las posturas están enquistadas», valora el dirigente de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
13 reuniones/ La jornada anual ha sido el principal escollo tras alcanzarse el acuerdo sobre el salario mínimo que monopolizó las primeras seis reuniones. Van 13 encuentros y las organizaciones agrarias mantienen la intención de que se incremente hasta lo que fija el estatuto de los trabajadores (1.876 horas), mientras los sindicatos defienden lo que recoge actualmente el convenio (1.768) horas. «No podemos aumentar la jornada anual, como piden, porque se haya incrementado el salario mínimo, porque el cálculo de ese salario se ha hecho teniendo en cuenta las horas que pretenden aumentar ahora», defiende Jesús Martín, secretario de Acción Sindical de CCOO. Sí que proponen, en todo caso, regular la posibilidad de flexibilizar la jornada, aunque solo durante las campañas agrícolas.
Otro escollo, es el registro de la jornada laboral, obligatorio desde el pasado mes de enero. En este caso, el problema es cómo se lleva a cabo. Los sindicatos quieren que el registro y la validación sean diarias, mientras que las organizaciones proponen que el registro sea diario, pero la validación se haga al finalizar el contrato. «Nos vamos acercando, pero para nosotros el control tiene que ser diario porque es la forma de evitar el fraude en el sector», defiende Miguel Talavera, secretario general de FICA UGT.
El tercer asunto por resolver está en la retribución de las horas extraordinarias: ahora se abona por las dos primeras horas un 75% más y el 100% a partir de ahí. Las opas piden que en el próximo convenio, las dos primeras horas extraordinarias se abonen igual que las horas normales incluidas en la jornada.
