Una Blackberry gratis o un iPhone de última generación por menos de 50 euros cuando su precio en el mercado supera los 600. Son algunas de las ofertas que lanzan las compañías de telefonía móvil para captar clientes de otros operadores a través del sistema de portabilidad. Un mecanismo que ha alcanzado su máxima expresión con la llegada de los smartphones --teléfono móvil que ofrece más prestaciones que un celular común, como conexión a internet-- y que no solo ha contribuido a que la competencia entre ellas sea cada vez más agresiva, sino también a aumentar la picaresca de los usuarios, que ya buscan sus propios métodos para presionar a las empresas y conseguir terminales cada vez más modernos y baratos, llegando incluso a delinquir para enriquecerse.

Prueba de ello es que la Policía Nacional ha desarticulado en Cáceres un grupo dedicado a estafar a las compañías mediante la contratación fraudulenta de líneas telefónicas con Movistar y Vodafone para adquirir móviles de alta gama que luego ponían a la venta en internet. Según informó ayer la Delegación del Gobierno, la operación se saldó con dos detenidos, D. J. F. S., de 23 años y vecino de Móstoles, y M. A. N. B., de 24 años, guineano y cerebro de la trama. Hecho que aunque sorprendente, no dejan de ser aislado, pues suele ser el cliente el que se siente estafado por la compañía.

Las investigaciones comenzaron el mes pasado, ante el creciente número de denuncias registradas por la contratación fraudulenta de líneas de teléfono mediante la usurpación de la identidad de terceras personas. Tras activar un dispositivo, los agentes constataron que los dos detenidos habían intentado contratar líneas acogiéndose a las ofertas para terminales Iphone 4 y Samsung Galaxy . En lugar del DNI, aportaban como documento de identidad diversas Tarjetas de Extranjero acogido al Régimen Comunitario de nacionalidad belga. Disponían de varios documentos de este tipo, con la misma fotografía pero con distinto nombre, así como de números de cuenta bancarios que coincidían con estas identidades, que o no existían, o pertenecían a personas que no guardan relación con los hechos. Después, se ha podido constatar que estos dos jóvenes no actuaban solos, sino que pertenecen a una trama organizada, por lo que siguen las gestiones para la detención del resto de implicados.

UNA PRACTICA HABITUAL Al margen de este caso aislado, la portabilidad en la telefonía móvil se ha convertido en una práctica tan habitual que ya es común que los clientes hagan amagos de cambio --incluso hay blogs en internet que explican cómo-- para ´asustar´ a su operador y conseguir una mejor oferta. Sin embargo, Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) advierte que los móviles o smartphones que se consiguen siguiendo este método no salen gratis: "nos obligan a firmar un contrato de permanencia con un gasto fijo al mes para amortizar", confirma.

Aún así, la portabilidad se ha consolidado como un sistema para conseguir un buen teléfono móvil a un bajo precio y por ello alcanzaron en el 2010 una cifra récord. Según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el pasado año se realizaron más de 4,8 millones de cambios de compañía, un 7,2% más que en el 2009. Del total de clientes que realizaron una portabilidad, un 37% reconoce haberlo hecho por obtener un nuevo móvil, siendo esta la segunda causa del cambio, solo superada por el abaratamiento de la factura (un 42,7%). En términos medios, un cliente permanece 3,3 años en una misma compañía, y se observa que los que menos rotan son los de Movistar y Vodafone, en contra de lo que ocurre con los clientes de Orange y Yoigo.

La picaresca de los clientes aumenta, pero también la de las compañías, que aunque ofrecen buenas ofertas al usuario, se valen de otros métodos ilegales, según la UCE, para sujetarlos. La asociación se refiere a la penalización en forma de tasa que se aplica al cliente que solicita una portabilidad y que luego rectifica al recibir una contraoferta de su antiguo operador, y que puede llegar a los 45 euros. Según la CMT, es lícito que la operadora quiera resarcirse del coste que le supone tramitar el proceso, pero fija ese coste en 0,41 céntimos, "cantidad máxima que podrá repercutirse, y sólo cuando se le haya informado previamente de ello", afirma la UCE.