El juicio celebrado en la Audiencia Provincial, en Mérida, contra diez personas por una presunta agresión al alcalde de Villafranca ha concluido y está visto para sentencia. Han sido dos maratonianas jornadas de testimonios en los que medio centenar de personas, incluidos los acusados y unos 40 testigos entre ciudadanos y agentes de las fuerzas de seguridad, han respondido a las preguntas del fiscal, los dos abogados de la acusación y los siete de la defensa. Ayer fue el turno para los agentes de la Guardia Civil y de la policía local que custodiaron a Ropero y a su esposa en el recorrido desde el ayuntamiento hasta su coche, tras la celebración de un pleno en el que se habló sobre la Refinería. La mayoría de funcionarios coincidieron en definir como crispado el ambiente de aquel 30 de septiembre del 2005 en la plaza de España, donde se celebraba una manifestación contra el proyecto.
Ninguno de los ocho guardias civiles que declararon ayer, y que participaron en el cordón policial, afirmaron ver a uno de los acusados, J. B., golpear por la espalda al alcalde, como afirma éste que ocurrió antes de subir al coche. Tan solo el entonces jefe de la policía local afirma haber visto a esta persona dar un puñetazo a Ropero, pero no pudo precisar en qué momento ocurrió.
El fiscal bajó ayer su petición de hasta 3 años de prisión a 2, mientras que la acusación mantiene el máximo de 6 años.
