Organizaciones de mujeres han reclamado que se analice por qué ha fallado la orden de protección en el último asesinato de violencia de género, el de una mujer en Villafranca de los Barros (Badajoz), una de las seis víctimas mortales que habían denunciado este año y el único de esos casos en el que existía una orden de alejamiento.
El supuesto agresor, su marido, de 79 años, que ha confesado el crimen, había quebrantado ya una vez la orden de alejamiento impuesta por un juzgado después de la mujer denunciara el maltrato, aunque el juez acordó su libertad y mantuvo la misma orden de alejamiento de 200 metros de la casa de la víctima.
Según la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, "hay que seguir insistiendo a las mujeres que busquen la protección de la ley y denuncien, pero casos como este hacen mucho daño".
"No podemos permitir que aquellas mujeres que han buscado la protección de las instituciones vean que su vida corre peligro", ha señalado Soleto, quien ha pedido que se analicen los fallos "policial o judicial" para que no vuelvan a ocurrir ningún caso similar.
"Es un fracaso considerable de las políticas públicas; hay que pedir a las instituciones que vean las posibilidades de mejora para que la protección en estos casos sea real", ha añadido.
Además, la responsable de la Fundación Mujeres ha lamentado la reducción del número de ordenes de protección dictadas por los juzgados en los últimos años.
"Hay una tendencia, según el Observatorio Judicial, que a medida que pasan años de la aprobación de la ley integral, las órdenes de protección son menos; habría que hacer una valoración del tratamiento judicial de estos delitos, que no es homogéneo en los juzgados", ha lamentado.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, también ha planteado "la necesidad de revisar los sistemas de vigilancia implantados para ver dónde están los fallos y corregirlos".
"Es grave que teniendo medidas de protección haya sucedido esto", ha opinado Cerrillos
"Es necesario una revisión de las medidas de seguridad, ver si se están aplicando con eficacia, ver cuáles son las más vulnerables y en su caso, analizar qué medidas correctoras hay que introducir", ha insistido.
Para la responsable de la asociación de juristas, el asesinato de la mujer de Villafranca de los Barros no debe interpretarse como "un paso atrás".
"Es una lucha de tiempo y fondo, yo sigo animando a las mujeres a que sigan denunciado, a que se implanten los sistemas de seguridad, a que pidan ordenes de protección; porque haya un fallo en una de ellas, no debe servir de aliciente para que se soliciten más órdenes de protección, pero sí para alertar a la administración de que debe revisar el sistema para ver dónde están los puntos más vulnerables", ha concluido.
Treinta mujeres han muerto este año como consecuencia de la violencia machista.
Cuatro mujeres fallecieron en enero, otras tres en febrero, siete en marzo, cuatro en abril, seis en mayo, tres en junio, 2 en julio y una en lo que llevamos de agosto.
Andalucía es la comunidad más trágica en cuanto a este tipo de violencia se refiere, con siete víctimas: seis fallecieron en Madrid, tres mujeres en la Comunidad Valenciana, dos en Islas Baleares, las mismas que en Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias. Y una en cada una de las comunidades de Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Aragón y Extremadura.
Veintitrés de las víctimas eran españolas y siete extranjeras.
Doce tenían entre 31 y 40 años; siete entre 21 y 30; otras cinco eran mayores de 64 años. Tres más tenían entre 41 y 50; otras dos entre 51 y 64 y otra más entre 18 y 20.
Al margen de los treinta casos confirmados este año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene dos en investigación, uno ocurrido en la localidad de Vegalatrave (Zamora) y otro en Zaragoza.
