El PP pidió ayer la dimisión del portavoz de Empleo del PSOE en la Asamblea, Miguel Bernal, si se confirman los supuestos "chanchullos" que cometió en su etapa de secretario general de UGT en la región para la construcción de la nueva sede del sindicato en Mérida.

La sede, que ha costado 2,7 millones de euros, será inaugurada el próximo lunes en un acto al que acudirá el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, y también el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien recibirá la 'Insignia de Oro' del sindicato.

El vicesecretario de Organización de los populares extremeños, Juan Parejo, se refirió a la información que publicaba el diario 'El Mundo', según la cual Miguel Bernal "apañó" en 2008, cuando aún era secretario regional de UGT, con el entonces gobierno local del PSOE, el concurso para lograr la concesión administrativa de los terrenos de propiedad municipal en los que se ha construido la nueva sede de UGT.

De hecho, el Ayuntamiento de Mérida, gobernado actualmente por el PP, ya ha anunciado su intención de revisar el proyecto del nuevo edificio porque ha apreciado algunas irregularidades en la valoración del solar, en el canon fijado o en el uso de la parcela, lo que podría dar lugar, según Parejo, al inicio del proceso para la anulación de la concesión.

El dirigente popular insistió en que si se confirma que lo publicado es cierto y que "presuntamente huele a despilfarro, a trato de favor y a chanchullo", Bernal debería dimitir como diputado del PSOE o "el señor Vara está tardando en destituirlo".

Por su parte, el secretario regional el PSOE, Guillermo Fernández Vara, instó al PP a que si cree que hay irregularidades en el proceso de construcción de la sede UGT en Mérida "se vaya al juzgado".

Según Vara, este asunto parte de "las mismas paginas y del mismo autor que dijo que en la remodelación de la casa del presidente --cuando él estaba al frente de la Junta--, se habían gastado 500.000 euros cuando se gastaron 30, o que el Gobierno había pagado la Plataforma Opina Extremadura, cuando la pagó Telefónica".

Por este motivo, señaló que prefería no opinar "sobre alguien que no suele contar la verdad" e insistió en que si se cree que hay irregularidades "que se vayan al juzgado".