La principal razón que ha motivado la protesta de los funcionarios de Justicia es de índole económica. Exigen que se aumente en unos 200 euros su complemento específico, que actualmente oscila entre los 196 y los 224 euros. Esta cantidad es menos de la mitad de lo que se cobra en algunas comunidades con las competencias transferidas, como son Andalucía, Cataluña o el País Vasco. Incluido este complemento, el sueldo de un funcionario de Justicia en la región oscila, aproximadamente, entre los mil euros que percibe un agente judicial y los 1.500 de un gestor procesal.
También se reclama una modificación de la normativa que regula las guardias, con mejoras tanto retributivas como en los descansos.
Otra petición es un cambio en las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo para garantizar una "verdadera promoción interna" y la cobertura de todas las plazas ofertadas.
