El Grupo Socialista ha solicitado a la Asamblea de Extremadura la creación de una comisión de estudio para abordar los problemas reales de la financiación municipal, que considera insuficiente para las competencias que han ido asumiendo.
Esta comisión se plantea tras la aprobación por consenso, a principios de este año, de la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura.
El desarrollo de esta norma, una de las que mejor recoge en España la autonomía local, desde el punto de vista "jurídico, político e institucional", es uno de los grandes retos de la legislatura, según ha explicado en una rueda de prensa la portavoz de Administración Local del Grupo Socialista, Montserrat Caldeira.
Analizar la corresponsabilidad fiscal de los ayuntamientos, la relación tributaria municipal, establecer las previsiones de evolución del sistema de financiación incondicionada, estudiar la financiación condicionada vía subvenciones corrientes y la situación de endeudamiento de los municipios son algunos de los objetivos que recoge el texto de la propuesta.
Además de delimitar las competencias y la colaboración entre administraciones como ha hecho la ley, es muy importante la cuestión económica, ya que Caldeira ha subrayado que los ayuntamientos han ido asumiendo cada vez más competencias, pero sin financiación suficiente.
Por ello, la diputada socialista ha abogado por cambiar el modelo de financiación local de forma paralela a la modificación del de financiación autonómica.
Se trata de garantizar "la equidad, la igualdad y la financiación justas" en los municipios, ha apuntado Caldeira, que ha recordado que los ayuntamientos se nutren de las tasas locales y de las transferencias procedentes de la administraciones autonómica y estatal.
La comisión estaría formada por 17 diputados de la Asamblea, un representante de la Junta de Extremadura y otro de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX) con voz, pero sin voto.
Una vez que constituida, en caso de salir adelante la propuesta, comisión, habría un plazo de seis meses como máximo para finalizar los trabajos.
