Posturas encontradas para eliminar el Consejo Consultivo. PSOE y Podemos se unieron ayer para derogar la ley que regula el funcionamiento de este órgano de consulta desde el 2001 y lograr así su supresión aunque su creación y funciones seguirán recogidas en el Estatuto de Autonomía (artículo 45).

Del debate de enmiendas parciales celebrado ayer en la Comisión de Administración Pública salió un nuevo dictamen que establece que el próximo 1 de enero el Consejo Consultivo dejará de funcionar. Antes, este dictamen debe ser ratificado por el pleno de la Asamblea del próximo jueves. Una vez superado ese paso, las funciones del Consultivo pasarán a estar en manos de la Comisión Jurídica de Extremadura --un nuevo órgano formado por funcionarios, con un presidente y cinco vocales--, que se integrará en el gabinete jurídico de la Junta, y del Consejo de Estado. Esa nueva comisión jurídica absorberá al personal funcionario y laboral fijo del Consultivo y para ello se destinará en los presupuestos de 2016 una partida de algo más de 600.000 euros, la mitad del coste que supone el órgano al completo cada año (1,2 millones).

La supresión de este ente es una de promesa electoral del PSOE, a pesar de haber motivado su creación en 2001, y todos los grupos están prácticamente de acuerdo en que desaparezca pero no así en las formas de hacerlo. La propuesta de ley presentada por el PSOE en octubre salvó el debate de enmiendas totales tras ser descartada la devolución del texto que pedían PP y Ciudadanos y el texto alternativo de Podemos que abogaba por mantener el Consultivo como un órgano independiente, sin cargos políticos y con competencias regionales.

CAMBIOS Ayer fue el turno del debate de las enmiendas parciales, que introdujo algunos cambios planteados por Podemos aunque no modifican en lo sustancial el plan socialista porque se deroga la ley que regula el funcionamiento del Consejo Consultivo.

Con su propuesta el PSOE buscaba dejar sin efecto este órgano, eliminando su presupuesto --aunque tenía que mantener 600.000 euros para el personal--, remitiendo todas sus funciones el Consejo de Estado y a su vez crear un Jurado de Recursos Contractuales que asumiría las funciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que forma parte del Consultivo desde principios de este año pero que no les son propias. Sobre el personal funcionario, abogaba por derivarlo a la Junta para gestionar la renta básica, según indicó el portavoz socialista en un pleno.

Por su parte, Podemos optaba por mantener el Consultivo como un órgano profesional sin ningún cargos de designación política, es decir, sólo con su personal funcionario, hacerlo más técnico y evitar derivar sus funciones a otros órganos nacionales como el Consejo de Estado para evitar más gastos.

Finalmente, el dictamen definitivo que se llevará a pleno es una mezcla de ambas propuestas. El PSOE aceptó ayer 11 enmiendas parciales de Podemos que suponen la creación de esa comisión jurídica a la que se destinarán los recursos humanos y materiales del Consultivo, que dejará de tener sede propia en Badajoz, y que evitará que todas las funciones del Consultivo tengan que ser derivadas al Consejo de Estado.

Esa comisión además asumirá las funciones del Tribunal de Recursos Contractuales, que se suprime. "Nuestras enmiendas son en aras de conseguir un órgano independiente y profesional, sin cargos políticos y sólo formado por funcionarios, con las competencias que sean propias de nuestra autonomía y sin perjuicio de futuras consultas puntuales al Consejo de Estado", añadió la diputada de Podemos Irene de Miguel.

Este grupo a su vez dió ayer el visto bueno a las tres enmiendas del PSOE y otras tres transaccionales añadidas a las suyas que suponen acudir al Consejo de Estado en determinadas cuestiones. Se acepta así que aquellas reclamaciones patrimoniales que actualmente resuelve el Tribunal de Recursos Contractuales pasen a manos del órgano nacional cuando superen el valor de los 50.000 euros, así como los asuntos que hasta ahora dirimía el Consultivo que tengan rango de ley. "Nos da igual que se llame comisión jurídica o Tribunal de Recursos Contractuales, como proponíamos al principio, porque no supone generar un órgano nuevo y es de estricto funcionamiento funcionarial. Ya dijimos que si los letrados del Consultivo se integran en los servicios jurídicos de la Junta no tendríamos problemas en ponernos de acuerdo como así ha sido", defendió el portavoz del PSOE, Valentín García. No obstante, destacó que las funciones principales del Consultivo las hará ahora el Consejo de Estado.

DESAPARECE El socialista insistió en que la formación que lidera Alvaro Jaén finalmente aceptó ayer la propuesta del PSOE que no aceptaba antes porque "no se ha aprobado que no haya políticos en el Consultivo sino que se suprima el órgano completamente. Desaparecen los trabajadores porque se integran en la Junta, se abandona el local,... no quedará nada del Consejo Consultivo el 1 de enero, que era nuestra propuesta inicial", precisó.

Desde Podemos señalan que su planteamiento también queda satisfecho puesto que lo que se consigue al derogar esta ley es "un órgano despolitizado, independiente, técnico y con las competencias en Extremadura" e insisten en que la región con esta nueva comisión jurídica "no pierde autonomía como pretendía la propuesta del PSOE porque el papel del Consejo de Estado en Extremadura será el mismo que hasta ahora, como recoge la propia ley estatal que regula este órgano central". Defiende que las consultas al Consejo de Estado serán puntuales porque los dictámenes sobre asuntos con rango de ley no son la función única.

Por su parte, el PP y Ciudadanos volvieron a defender ayer que para acabar con este órgano hay que hacerlo desaparecer primero del Estatuto de Autonomía. No obstante, el PP presentó ayer tres enmiendas parciales a la propuesta del PSOE que fueron rechazadas, entre ellas solicitaba un periodo transitorio hasta el 29 de febrero para atender las consultas pendientes.

La diputada popular Eva Pérez Zamora acusó al PSOE de actuar movido por el ánimo de revancha contra el actual presidente del Consultivo (Pedro Nevado-Batalla) y le acusó de tener un pacto con Podemos. Por su parte, el PSOE precisó que las enmiendas de los populares demuestran que es posible terminar con el Consultivo el 1 de enero.