Maribel Cáceres participará por primera vez en un proceso electoral, a sus 33 años, en la próxima cita del mes de mayo. Todos los anteriores los ha seguido con interés («sigo la actualidad política», confiesa) pero como una mera espectadora, porque una sentencia judicial había determinado, hace más de una década, que no estaba capacitada para decidir en esta y otras parcelas de su vida al tener una discapacidad intelectual. Sus padres habían iniciado el proceso siguiendo el consejo de un médico y el fallo judicial le impedía tomar decisiones que afectaban tanto a su esfera patrimonial como personal, incluido el derecho al voto.
«Es innovador que todos los grupos políticos se hayan puesto de acuerdo en este asunto cuando últimamente parecen no ponerse de acuerdo en nada. Es un gran paso», reflexiona. Habla del trámite parlamentario que ha superado esta semana una proposición de Ley de la Comunidad de Madrid para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que plantea que se suspendan dos apartados de este texto que impide que puedan votar las personas que han sido incapacitadas judicialmente (una práctica habitual que toman muchas familias para proteger a parientes que tienen alguna discapacidad).
Esa es hasta ahora la situación de unos 100.000 incapacitados judicialmente en toda España y unos 3.000 en Extremadura. Maribel estaba también entre ellos hasta que hace cuatro años se rebeló contra esa circunstancia e inició un nuevo proceso judicial para reclamar, con el apoyo «total» de sus padres, algunos de los derechos que se le habían retirado. Básicamente quería votar; y ante el mismo juez que había decidido sobre su incapacitación una década antes, logró que esta decisión fuera revocada y sustituida por una curatela (una tutela con una finalidad meramente asistencial) con la que, entre otras gestiones cotidianas (como planificar un viaje) recuperó el sufragio.
«Puedo votar, quiero expresarme y decidir quién quiero que me represente», explica, aunque aún no tenga muy claro cual será la papeleta de su elección cuando se vea ante la urna.
Esta semana el Congreso de los Diputados ha abierto una vía fundamental para devolver sufragio a todas las personas con discapacidad intelectual. No se lo devuelve a Maribel Cáceres, que ya se lo peleó en los tribunales. Pero como ella misma reconoce, sí es fundamental para otros en la misma situación que ella hace cuatro años. «Yo lo conseguí en los tribunales, pero muchos de mis amigos ahora podrán votar por este acuerdo», afirma esta pacense que forma parte de forma parte del Grupo de Ayuda a la Dirección de Plena inclusión España y es vocal de la junta directiva de Plena inclusión España.
Una década
La reforma entrará en vigor si el Senado da el visto bueno (se prevé que sea así por el consenso recabado) y atiende una demanda histórica de las organizaciones de la discapacidad, recuerdan desde Cermi Extremadura. «Da respuesta al compromiso adquirido por España al ratificar en 2008 la la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, según la cual todas las personas tienen derecho a votar, y no deben dejar de hacerlo por razón de discapacidad», señala Alfonso Cortés, gerente de Cermi Extremadura.
Para el colectivo Plena Inclusión la decisión de la Cámara pone fin a «la discriminación que han sufrido las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a procesos de incapacitación, a las que se sacaba del censo electoral de forma automática», señalan en una nota.
Para Maribel Cáceres, la decisión política es «la garantía de que a otros no les pasará lo que me pasó a mí».
