La Junta de Extremadura diseñará un Plan Integral de Inmigración, un proyecto que se llevará a cabo de forma conjunta con los agentes sociales (ayuntamientos, sindicatos y patronal).
Así lo establece el III Acuerdo de Política Social suscrito ayer en Mérida por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; los secretarios regionales de UGT, Miguel Bernal, y CCOO, Julián Carretero; el vicepresidente de la Confederación Regional de Empresarios (Creex), Pedro Castro; y el presidente de la Fempex, José Muñoz.
Dentro de ese Plan Integral de Inmigración --por primera vez esta materia se incluye en el Acuerdo de Política Social-- se prevé garantizar "la plena integración del alumnado inmigrante en el sistema educativo en condiciones de igualdad".
También se plantea como objetivo prioritario el lograr "una adecuada atención sanitaria" para este colectivo, además de facilitar su acceso al mercado laboral y "eliminar situaciones de precariedad y discriminación". Por último, dentro de este plan se creará un Observatorio Permanente de la Inmigración.
SIETE EJES La inmigración es uno de los siete ejes del III Acuerdo de Política Social, un documento bianual que según Rodríguez Ibarra destaca por su "continuidad y ambición" y configura "una de las mejores" políticas sociales "o la mejor de España". El objetivo final, añadió, es "atacar" cualquier tipo de desigualdad.
Aunque no cuenta con una inversión definida --en materia de inmigración y salud no hay un presupuesto cerrado-- Ibarra señaló que será mayor que la del acuerdo anterior, que contaba con 460 millones de euros para cuatro años.
Aún así, hay que tener en cuenta que gran parte de este documento en realidad viene a recopilar otros acuerdos y proyectos de la Administración regional, como puede ser el caso del plan de atención sociosanitaria, el plan de vivienda o el plan de salud.
Como novedad, además del Plan Integral de Inmigración, destaca el programa Extremadura te cuida , cuya finalidad es vender la comunidad "como la región ideal para ser cuidado y para cuidar". Para ello parte de la premisa de que la región "será pionera en el desarrollo de la atención de las personas dependientes".
Asimismo, se incluyen por primera vez en este acuerdo ámbitos de actuación como la vivienda, la inmigración y la atención a la discapacidad severa, a lo que hay que sumar una comisión de evaluación y de seguimiento y un mayor control de los servicios concertados.
