Renta básica de inserción, vivienda y sanidad. Estas son las áreas que abarca el decreto ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, una normativa que ayer aprobó el Consejo de Gobierno para que se inicie su trámite parlamentario y pueda entrar en vigor en unos meses. La intención del Gobierno regional es que pueda convalidarse "en un único pleno", de ahí que para "agilizar" el proceso se presente como decreto ley en lugar de proyecto ley, que "dilataría" más su aprobación.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, destacó que el texto modifica la ley de 2014 de la renta básica de Extremadura incluyendo como novedad el establecimiento de una convocatoria única y abierta durante todo el año, así como que el silencio de la Administración será positivo en la concesión de la ayuda. Además, la prestación se podrá cobrar a partir del día siguiente en el que se emita la resolución favorable y se permitirá la subrogación de la renta básica en aquellas parejas que se separen y el cónyuge se quede con la custodia de los hijos y "se encuentren en una situación de vulnerabilidad social".

Con respecto a la regulación del acceso a la vivienda, la normativa establece que el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública responderá a criterios técnicos y no por sorteo como hasta ahora, a su vez, la minoración del cien por cien del alquiler social se amplia por dos años más en aquellas familias que no puedan hacer frente al mismo. El decreto ley contempla también una ayuda al alquiler social para las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias que hayan solicitado una vivienda y que, por falta de disponibilidad de la Junta, no la hubieran obtenido. Asimismo, no se excluirán de los procesos de adjudicación de viviendas a quienes habiéndola solicitado a la Administración, y sin haber obtenido respuesta, las hayan ocupado ilegalmente por una "extrema necesidad". Vergeles aclaró que no se trata de "despenalizar" estas actuaciones, sino que esta medida "alentará" a los ciudadanos para que soliciten las viviendas "antes de hacer ocupaciones ilegales". Sobre este asunto, puntualizó que la Junta tiene conocimiento de que hay unas 13.000 viviendas sociales en Extremadura, pero "no sabemos las condiciones de habitabilidad en las que están".

MINIMOS VITALES En relación a las ayudas de mínimos vitales de luz y agua, con este decreto las subvenciones no irán directamente a los ayuntamientos, sino que la Administración regional firmará convenios de colaboración con las empresas distribuidores para "mejorar" así la comunicación previa a los cortes de suministros y evitarlos.

Por otra parte, la universalización de la atención sanitaria en el ámbito regional es otro de los aspectos regulados por la norma, que garantiza la igualdad en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias de los extranjeros en Extremadura. "No puede ser que sigan existiendo en nuestro país ciudadanos y ciudadanas excluidos de la atención sanitaria", afirmó Vergeles.

Podemos Extremadura indicó ayer en una nota de prensa que en el decreto "se juega con las necesidades básicas de la gente" y que "llega ocho meses tarde". La formación morada señaló que el Ejecutivo regional "ha vuelto a presentar un decreto que ya anunció el pasado otoño y que no se ha puesto en marcha".