Diez años después, el balance no puede ser más negativo. El sector bancario extremeño ha cerrado con el 2018 una década negra que se inició con una reestructuración al calor de la crisis y que ha terminado con 313 oficinas clausuradas y más de 1.600 trabajadores despedidos en un sector que se considera clave para fijar población al medio rural. La consecuencia: más de un centenar de pueblos sin servicios bancarios. Así lo constatan las estadísticas del Banco de España y los datos proporcionados por la Asociación Española de Banca (AEB) o la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) . Estas últimas se llevan la peor parte, pues a ellas pertecen el 84% de los trabajadores que durante esta década han perdido su empleo.

Según los últimos datos facilitados por el Banco de España, Extremadura terminó el 2018 con un total de 892 oficinas bancarias en su territorio. Son 313 menos que en 2008 (-25%), cuando se alcanzó el máximo de 1.205 sucursales en la geografía regional. Una de cada cuatro ha echado el cierre en la última década y solo el año pasado fueron 18 las que desaparecieron. El futuro no se presenta mucho más esperanzador: entre enero y marzo de este año otras siete han bajado la persiana y grandes bancos como el Santander o Caixabank están inmersos en nuevos ajustes.

La crisis económica, la digitalización del sector o las fusiones de cajas que dieron pie a una mayor concentración de entidades son algunas de las causas que han promovido estos cierres. Unos cierres que han tenido consecuencias directas en el empleo, como así lo constatan los datos facilitados por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) en sus respectivos informes anuales. Si en 2008 eran 4.298 las personas que se dedicaban a este sector en Extremadura, en 2018 eran 2.616, lo que supone una reducción de 1.682 asalariados y la pérdida del 40% de la plantilla de las entidades.

En el caso de los bancos, según las cifras recogidas en el informe anual de la AEB, se ha pasado de 1.575 trabajadores en 2008 a 1.308 a cierre de 2018, una reducción del 17% que se ha dejado notar sobre todo en la provincia de Cáceres, donde las consecuencias de la reestructuración bancaria han sido más acusadas. La ratio actual de empleados por oficina, que es de cuatro, apunta que en términos medios se ha prescindido de al menos un empleado por sucursal.

CAJAS / Por lo que respecta a las cajas de ahorro, son sin duda las que se han llevado la peor parte: el 84% de los trabajadores que en esta década han perdido su empleo pertenecían a este sector. Según los datos de CECA, el 2018 ha terminado con 1.308 asalariados, frente a los 2.723 que llegó a haber en 2008. En este caso, la reducción es de 1.415 personas, casi un 52%. Esto se debe a las consecuencias de la reestructuración bancaria, pero también han pesado otras causas como la tecnología, que ha acabado derivando en que se automaticen muchos procesos y haya muchas operaciones que se realicen sin que los usuarios tengan que ir a la sucursal.

La digitalización y el cambio de hábitos de los clientes conllevan un cambio en la estrategia de los bancos, que ahora apuestan por un menor número de sucursales, aunque más grandes y con un horario más amplio. Estas nuevas oficinas atienden en muchos casos con cita y se centran en los servicios de mayor valor añadido frente a los transaccionales, que asumen que se harán por internet o móvil.

Aunque a nivel nacional Extrmadura no es una de las comunidades más afectadas por la exclusión bancaria (Cataluña ha perdido más de la mitad de sus oficinas y Comunidad Valenciana y Madrid casi el 50%), el hecho de cerrar una oficina aquí supone en muchos casos dejar a un pueblo sin servicios bancarios y por ello desde la Administración se han comenzado a tomar cartas en el asunto. El año pasado la Junta llevó esta problemática al Banco de España y la Diputación de Badajoz ha promovido la instalación de cajeros automáticos en 25 municipios.